Washington, 30 sep (EFE).- Santander Consumer USA (NYSE:SC), una filial del Banco Santander (MC:SAN) en EE.UU. dedicada a financiar servicios automovilísticos, acordó este jueves pagar 134.000 dólares para cerrar una demanda por no haber permitido cancelar contratos de alquiler con opción de compra de vehículos a militares estadounidenses.
El acuerdo cierra una demanda presentada por el Departamento de Justicia en un tribunal federal de Texas contra la compañía, que tiene su sede en ese estado sureño, por haber "negado ilegalmente la terminación anticipada del arrendamiento de vehículos de motor a diez militares", según un comunicado del Gobierno de EE.UU.
"Los derechos civiles de los militares que sacrifican tanto por nuestro país deben respetarse", afirmó en la nota la fiscal general adjunta Kristen Clarke.
El Departamento de Justicia inició la investigación en contra del Santander Consumer USA a raíz de una queja presentada por el capitán del Ejército Eric McDowell, que en agosto de 2019 intentó devolver un vehículo al ser destinado a Afganistán.
McDowell había usado el vehículo -un Jeep Grand Cherokee- durante menos de dos años, de los tres que había firmado por contrato en octubre de 2017.
Santander Consumer USA, sin embargo, rechazó cancelar el contrato al no haber pasado los tres años, vulnerando la ley que ampara a los militares estadounidenses.
No fue hasta febrero de 2020 -cuando el Departamento de Justicia ya había abierto su investigación- cuando la filial del Santander accedió a cancelar el contrato de alquiler con opción de compra y devolver al capitán McDowell el dinero abonado desde que había retornado el vehículo.
Con el pacto alcanzado con el Departamento de Justicia, que aún tiene que ser aprobado por un juez federal, Santander Consumer USA deberá abonar 94.282,62 dólares a los diez militares afectados y 40.000 al Gobierno de Estados Unidos, para un total de 134.282,62.
En 2015, Santander Consumer USA ya tuvo que pagar 9,35 millones de dólares por haber embargado 1.112 vehículos de militares entre 2008 y 2013, violando la misma ley que en este segundo caso de 2019.