Lima, 27 ene (.).- La Fiscalía peruana solicitó que se impida salir del país durante 18 meses al gerente de Repsol (MC:REP) en Perú, Jaime Fernández-Cuesta, y otros tres directivos por el derrame de al menos 6.000 barriles de petróleo del pasado 15 de enero en la costa central del país.
Según informó el Poder Judicial a través de Twitter (NYSE:TWTR), la solicitud del Ministerio Púbico será evaluada este jueves a las 17:00 hora local (22:00 GMT) en el Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de la Corte de Puente Piedra-Ventanilla.
Además del presidente de Repsol en Perú, el requerimiento fiscal también incluye al jefe de la Terminal Marítimo 2 de la Refinería La Pampilla, Renzo Tejada Mackenzie; a la gerente de Calidad de Medio Ambiente, Cecilia Posadas Jhong; y al gerente de Producción, José Reyes Ruiz.
Esta petición se produce a raíz de que la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Lima Noroeste abriera una investigación contra los representantes de la Refinería La Pampilla, operada por Repsol, por el presunto delito de contaminación debido al derramamiento de petróleo que causó el mayor catástrofe medioambiental de los últimos tiempos en las costas peruanas.
El crudo vertido afectó hasta la fecha a 50 kilómetros del litoral peruano, especialmente en las playas de Ventanilla, mientras que en términos de superficie ya abarca ocho kilómetros cuadrados, la mayoría de ellos en el agua, y ha alcanzado a dos reservas naturales.
El ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, anunció la víspera que la Procuraduría de su cartera evaluaba solicitar medidas coercitivas contra los representantes de Repsol y precisó que "posiblemente" una de ellas sería también el impedimento de salida del país.
"Vamos a tener que actuar con mano dura, este daño es a todos los peruanos y a todo el mundo", manifestó el ministro.
Por otro lado, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), adscrito al Ministerio del Ambiente, anunció haber iniciado un requerimiento de multa a Repsol, después de que la empresa incumpliera con la primera medida impuesta para limpiar el derrame de crudo.
Según precisó en una rueda de prensa la presidenta del OEFA, Miriam Alegría, la compañía español podría enfrentarse a sanciones económicas de hasta 18 millones de soles (4,6 millones de dólares).
Repsol ha asegurado, por su parte, que está "colaborando estrechamente" con la sociedad civil y las autoridades peruanas "para avanzar lo más rápidamente posible en la recuperación de las áreas afectadas por el derrame de petróleo".