Barcelona, 20 abr. (.).- La patronal Foment del Treball y la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña (APCE) han defendido este jueves que si el objetivo es incrementar el parque de vivienda social no se deben intervenir los precios de la vivienda, sino aumentar la oferta.
Así lo han asegurado en un comunicado emitido después de que la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Congreso haya aprobado el proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda que han pactado en los últimos catorce meses el PSOE, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu, y que limita las subidas del alquiler en un momento en que las rentas están en máximos históricos.
Para estas dos organizaciones empresariales, el documento acordado "va en línea contraria -como ya pasó con la normativa catalana- para conseguir ampliar el parque de viviendas y disponer de una oferta diversa que pueda dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía".
"Las tensiones en el mercado residencial en alquiler en España son atribuibles a la falta de vivienda a disposición de la ciudadanía, por lo que la solución no es la intervención de los precios del reducido parque existente, sino que pasa por incrementar la oferta", resuelven.
Y avisan sobre las consecuencias de aprobar este texto: "reducción en la oferta de vivienda de alquiler, disminución de la construcción futura o la peor calidad de los inmuebles, entre otros problemas".
Foment y la APCE también recuerdan un informe llevado a cabo por la cátedra "Vivienda y Futuro" de la UPF -y financiado por la APCE-, que resolvió que la ley catalana, antes de ser anulada por el Tribunal Constitucional, redujo los precios de las rentas en alrededor de un 5 % pero también provocó una caída del 15 % de la oferta.
Con todo, otros estudios llegan a conclusiones distintas y afirman que la oferta no se redujo, mientras sí lo hicieron los alquileres.
Las dos entidades señalan que hay que "fomentar fórmulas realmente efectivas para incidir en el crecimiento del parque público de vivienda: promover la colaboración público-privada, la implementación de incentivos fiscales a los propietarios para que introduzcan sus viviendas vacías en el mercado del alquiler, o la mejora de la seguridad jurídica del propietario frente a impagos u ocupaciones, entre otras acciones".
Por todo lo anterior, han lamentado que este tema sea usado como "caballo de batalla" y han pedido a las administraciones que "dejen de traspasar su responsabilidad al sector privado".
"Ha sido el sector privado el que ha construido más del 80 % de viviendas de protección oficial en Cataluña en los últimos diez años", han apuntado.
Sí indican que "a priori es bienvenida" la iniciativa de que el Gobierno financie la promoción de 43.000 nuevas viviendas dedicadas al alquiler a precios asequibles, ya sean de nueva construcción o de rehabilitación, que se sumarán a las 50.000 de la Sareb, en referencia al anuncio de ayer miércoles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.