París, 30 may (.).- El Gobierno francés presentó este lunes un plan contra los fraudes a las prestaciones sociales, que incluye un mayor control de las pensiones pagadas en el extranjero a personas que ya están muertas pero que no han sido declaradas como tales.
El ministro de Hacienda, Gabriel Attal, explicó, en dos entrevistas al diario Le Parisien y al canal BFMTV que los beneficiarios tendrán que acudir a los consulados franceses o a bancos locales que participen en el dispositivo para verificar su identidad y comprobar que siguen vivos.
Francia paga más de un millón de pensiones a personas que residen en el extranjero, la mitad en otros países europeos y del resto 300.000 están en Argelia.
Otro de los pilares de la lucha contra los fraudes en el extranjero son las ayudas familiares o de vivienda y otros subsidios sociales a personas que teóricamente residen en Francia (es la condición para recibirlas) pero que en realidad viven en otros países.
El ministro de Hacienda anunció que habrá que justificar que se reside como mínimo nueve meses al año en Francia, en lugar de los seis u ocho actualmente para cobrar esos subsidios y ayudas, y que su intención para verificarlo mejor es cruzar los ficheros de la Seguridad Social con el de pasajeros de vuelos aéreos.
En cuanto a los extranjeros en situación irregular que viven en Francia, Attal recordó que dado su estatuto no tienen derecho a cobrar ningún subsidio social.
Según las evaluaciones del Tribunal de Cuentas, el fraude a las prestaciones sociales en Francia se sitúa en una horquilla de entre 6.000 y 8.000 millones de euros anuales.
Otro ángulo de ataque del Gobierno van a ser los autónomos o falsos autónomos. Un reciente informe oficial estima que ese colectivo deja de declarar unos 800 millones de euros de ingresos por los que no cotizan.
"Es una bomba de relojería porque esos trabajadores no tendrán ningún derecho social. No podemos acostumbrarnos a que miles de personas trabajen sin cotizar para ningún derecho. Por eso de aquí a 2027 las plataformas tendrán una retención por las cotizaciones de los autónomos. No quiero una uberización de los derechos sociales", dijo Attal.
Añadió que esa medida se aplicará a todas las plataformas de intermediación, en las que hay unos 200.000 trabajadores.