Barcelona, 31 ago (.).- El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana descarta implantar un nuevo modelo de peaje en las autopistas catalanas a corto plazo, según ha explicado este miércoles el secretario general de Infraestructuras, Xavier Flores.
En un encuentro con periodistas, Flores ha valorado positivamente el levantamiento de la mayoría de peajes de las autopistas catalanas, un "hito" que mañana cumple un año y que ha permitido ahorrar cerca de 600 millones de euros a los usuarios de estas vías, en un momento "complicado económicamente".
Sobre el futuro sistema de financiación de las autopistas y la posibilidad de que se vuelvan a poner peajes, Flores ha afirmado: "Consideramos que no es el momento de abordar, ahora, a corto plazo, la implementación de estos mecanismos de financiación".
El modelo de financiación de las autopistas no está resuelto a medio plazo, pese a que la Comisión Europea apremia para que en 2024 se establezca una nueva forma de pago que asuma el principio de que paga quien usa las infraestructuras y paga más quien más contamina.
En este sentido, Flores ha recordado que el ministerio ha encargado un estudio de alternativas para establecer un mecanismo de financiación de la red de carreteras del Estado.
El estudio está previsto que esté listo el año que viene, si bien se da por hecho que este no se aplicará en la presente legislatura.
"El uso de la autopista también supone una reducción de tiempo, de distancia, una mejora en la funcionalidad, la comodidad y la seguridad, por lo tanto, estamos satisfechos de este hito, que había sido una gran reivindicación histórica del territorio durante muchos años", ha remarcado Flores.
Pese al balance positivo, el secretario general de Infraestructuras ha admitido que el incremento de la circulación por las autopistas -en algunos tramos de la AP-7 el tráfico ha crecido más de un 40 %- ha provocado problemas de congestión relacionados con el aumento de la accidentalidad derivada de un mayor volumen de vehículos.
Al respecto, ha recordado que el Gobierno planea remediar la situación invirtiendo unos 1.050 millones de euros en la AP-7 y en la AP-2 en Cataluña en un plazo de entre "cinco y siete años": se trata de una batería de 42 actuaciones con las que, entre otras cosas, se habilitarán 223,8 kilómetros de nuevos carriles, 160 de los cuales ya están programados.
Este plan también prevé construir nuevos enlaces y mejorar algunos de los existentes, con el objetivo de que estas vías sean más "resilientes", capaces de recuperar la circulación tras un accidente y seguras.
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