Barcelona, 28 nov (.).- El sector de la automoción en Cataluña está intranquilo por la lentitud y la falta de concreción de las ayudas del proyecto estratégico para la recuperación (Perte) del vehículo eléctrico y pide más agilidad al Gobierno para hacer frente a la crisis actual y prepararse para los retos de futuro.
La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha expresado recientemente la voluntad del Gobierno de publicar antes de final de año la orden que fijará las bases y la convocatoria del programa integral de desarrollo del coche eléctrico, lo que supondrá el pistoletazo de salida para que las compañías que quieran participar presenten sus solicitudes.
Desde el ámbito empresarial, el Clúster de la Industria de la Automoción de Cataluña (CIAC), que reúne a las principales compañías del sector, considera "crítico" que las ayudas lleguen lo antes posible y urge al Ejecutivo a avanzar en las convocatorias y las adjudicaciones vinculadas al proyecto.
"Confiamos en que el ministerio acabará redactando un documento bien hecho, que facilite la participación de todo el sector porque nos jugamos mucho, probablemente lo que se haga ahora condicionará los próximos 10 o 15 años de la industria del país", ha asegurado a EFE el gerente del CIAC, Josep Nadal.
En esta línea, ha insistido en que España se arriesga a perder su actual posición como el segundo productor de coches de Europa y ha advertido del riesgo de "quedar fuera de juego por muchos años" e incluso de encontrarnos ante una situación "irreversible".
"Podemos pasar de ser los segundos fabricantes a estar en la cola de Europa. Las decisiones que se tomen condicionarán que un fabricante opte por las plantas españolas para producir sus modelos eléctricos ", ha señalado.
El CIAC es un 'lobby' que reúne a empresas que facturan en su conjunto una cifra superior a los 20.000 millones de euros y que dan empleo a más de 40.000 personas en Cataluña.
Los sindicatos también han alzado la voz no tanto por lo que pueda apretar el calendario sino por las dudas que les genera la sensibilidad social del Perte, que creen puede acabar respondiendo más a las necesidades de las empresas que a las de los trabajadores.
El responsable de CCOO de movilidad eléctrica para toda España, Rafa Guerrero, ha expresado a EFE el temor a la suficiencia de las ayudas para formación y actualización de las capacidades de los trabajadores, ya que solo 90 de los 4.300 millones previstos inicialmente van a este objetivo.
"¿Para qué va a servir el Perte, para transformar el sector en base a formación o para dar subvenciones a los fabricantes de coches para que lleven a cabo sus reestructuraciones y salgan miles de trabajadores?", se ha preguntado.
Los sindicatos han reclamado al Gobierno que constituya ya la Mesa del Auto para convertirla en un órgano de "cogobernanza" y seguimiento del Perte y exigen, al mismo tiempo, que las ayudas a las empresas se vinculen al mantenimiento del empleo en un sector que da trabajo a dos millones de personas en el país.
Guerrero ha alertado de la situación de debilidad en la que se encuentra ya el sector por el alto precio de las materias primas y la crisis de los semiconductores, que está llevando a muchos fabricantes y proveedores a aplicar expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), mientras continúa el goteo de anuncios de cierres, como el último de Mahle en Vilanova i la Geltrú (Barcelona).
Por parte de la Generalitat, el secretario de Empresa y Competitividad, Albert Castellanos, ve "fundamental" que la convocatoria del plan estratégico "cubra toda la cadena de valor", lo que, a su juicio, "incluye mayoritariamente a las pymes", que son la tipología de empresa de los proveedores de primer y segundo nivel de los fabricantes del sector.
En declaraciones a EFE, Castellanos ha apuntado: "Confiamos en que la distribución se base en criterios de eficiencia y que las empresas catalanas sean capaces de recibir una parte significativa de estos fondos, proporcional con el peso que tiene la industria de automoción en Cataluña".
Uno de los proyectos de más trascendencia vinculado a este Perte es el de la construcción de una fábrica de celdas de baterías, que se disputan varias comunidades autónomas.
En Cataluña, los agentes sociales han instado al Govern a crear un frente común para que la planta se haga aquí, primando la razón logística -la fábrica de Seat en Martorell (Barcelona) prevé producir 500.000 coches eléctricos/año a partir de 2025- a otras como la necesidad de distribuir territorialmente los fondos.
El Perte del vehículo eléctrico y conectado prevé una inversión total de más de 24.000 millones, de los que 4.295 los aportará el sector público -fundamentalmente los Next (LON:NXT) Generation-, con el objetivo de crear 142.000 empleos y generar una contribución al PIB de entre el 1 y el 1,7 % entre 2021 y 2023.