Santiago de Chile, 17 may (EFE).- La Bolsa de Santiago de Chile cerró este lunes con una caída del 9,3 %, su mayor retroceso desde el inicio de la pandemia, una vez consolidados los resultados electorales del fin de semana, en los que la derecha salió derrotada y obtuvo una baja representación en el órgano que redactará la nueva Constitución del país.
Los resultados electorales favorecieron a las candidaturas de oposición, de izquierda y de ciudadanos independientes, que son críticas con el actual sistema económico que impera en el país austral y que tendrán la oportunidad de generar cambios a partir de la nueva Carta Magna.
El IPSA, el principal índice bursátil chileno y que reúne a las 30 mayores empresas que cotizan en bolsa, sufrió así su peor caída desde marzo de 2020, cuando comenzó la pandemia en Chile y se decretó el cierre de fronteras y el estado de alarma.
En ese contexto, la principal plaza bursátil chilena registró bajadas en empresas ligadas a servicios regulados, bancos y centros comerciales, algo que había sido anticipado por expertos.
La empresa Colbún, dedicada a la generación de energía eléctrica y una de las sociedades anónimas más grandes del país, se situó al frente de la caída con un desplome del 14 %, seguida por la gigante sanitaria Aguas Andinas y la energética AES Gener, que bajaron un 13,6 y un 12,5 %, respectivamente.
Por su parte, el peso chileno también sufrió una caída, y el dólar registró un avance de 16,39 unidades de la divisa del país austral, alejándose de la base de los 700 en el valor de cambio y cerrando con su mayor aumento desde junio de 2020.
Contra todo pronóstico, los independientes y la oposición de izquierdas y de centro obtuvieron más de dos tercios de la convención, que será paritaria entre hombres y mujeres y es la primera que nace de un proceso plenamente democrático y participativo en Chile.
La reacción se explica en parte por la derrota de la derecha gobernante en las elecciones constituyentes, donde no consiguió el tercio de los 155 escaños que necesitaba para influir en la redacción del nuevo texto que sustituirá al actual, vigente desde la dictadura.
El bloque de derechas es partidario de mantener el mismo modelo económico de la actualidad, con un Estado secundario en la provisión de servicios básicos, en vigor desde la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), una horma que podría verse modificada durante el debate constituyente.
El proceso, que se planteó como la vía política para poner fin a la crisis social, culminará en 2022 con un plebiscito de salida para aprobar o rechazar finalmente el texto.