Madrid, 16 may (.).- La consulta pública para que cualquiera pueda trasladar al Ministerio de Economía sus preocupaciones por la oferta pública de adquisición (opa) del BBVA (BME:BBVA) al Sabadell recoge la inquietud de empresarios, sindicatos y asociaciones de consumidores, entre otros, por el impacto que podría tener sobre el empleo.
Desde que se lanzó la opa hace más de un año, el Ejecutivo se opuso frontalmente a la operación por distintas razones, entre ellas el temor a que empeorara el acceso al crédito para familias y empresas o la remuneración de los depósitos, sin pasar por alto el cierre de oficinas y los despidos.
Los sindicatos fueron los primeros en avisar de que no permitirían que las plantillas sean siempre quienes paguen las fusiones, aunque desde las secciones sindicales en BBVA y el Banco Sabadell (BME:SABE) se tendía la mano a negociar, conscientes de que en el pasado los recortes de empleo en el sector se llevaron a cabo de forma consensuada.
Las condiciones de salida, el grueso con prejubilaciones manteniendo buena parte del sueldo, también explican que los dos últimos ajustes de empleo acometidos por el BBVA y el Sabadell tuvieran más adhesiones de las contempladas por las dos entidades, lo que impidió que miles de trabajadores abandonaran sus puestos.
Aun así, el posible impacto sobre el empleo en el caso de que prospere la opa y haya una fusión del BBVA y el Sabadell ha sido una de las grandes preocupaciones dentro del Gobierno de coalición, especialmente para la vicepresidenta Yolanda Díaz.
Desde el principal partido de la oposición comparten esta inquietud, por lo que el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha pedido este viernes al Ejecutivo que "proteja" los puestos de trabajo en el BBVA y el Sabadell.
No obstante, no todo el mundo está en contra de la operación. Desde la patronal CEOE, su presidente, Antonio Garamendi, se ha mostrado "neutral" al respecto y desde la Asociación Española de Consumidores han remitido al Ministerio de Economía un informe favorable a la opa.
El Gobierno tiene la última palabra
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la CNMC, aprobó a finales de abril con condiciones la posible compra del Sabadell por el BBVA, siempre que los accionistas de la entidad catalana acaben aceptando la oferta del banco de origen vasco.
El Gobierno no puede impedir la opa, pero tiene la última palabra sobre una eventual fusión y la opción de endurecer las condiciones de la operación impuestas por la CNMC con otras razones ajenas a la competencia.
Por esta razón, el pasado 7 de mayo abrió una consulta pública para recabar la opinión de terceros y decidir si eleva la cuestión al Consejo de Ministros.
La consulta abierta hasta la medianoche de este viernes consiste en un formulario a rellenar por quien considere que en la opa hay problemas de interés general, es decir, ajenos a cuestiones de competencia que la CNMC considera resueltas con su visto bueno con condiciones.
El Banco Sabadell dejó claro desde un primer momento que participaría en la consulta -lo que ha sucedido este viernes-, como también lo harían sindicatos, asociaciones empresariales y de consumidores. No obstante, algunos de ellos optaron por otras fórmulas alternativas al formulario para trasladar sus preocupaciones.
Ese fue el caso de los empresarios catalanes que enviaron directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una misiva en la que recogían "poderosas razones de interés general", hasta cinco motivos distintos, que justificarían la intervención del Ejecutivo.
Los sindicatos, tanto CCOO como UGT, trasladaron a Economía su rechazo a la opa a través de un escrito, que se acompañaba de un análisis elaborado por la Universidad Autónoma de Madrid que cifraba una pérdida de entre 7.684 y 10.567 empleos, así como el cierre de entre 589 y 883 sucursales.
Hasta el momento el BBVA no ha dado ninguna cifra del impacto que la operación tendría sobre el empleo, aunque ha dado a entender que en ningún caso sería en proporciones como fusiones anteriores, ya que tanto el Sabadell como el propio BBVA han llevado a cabo recortes de plantilla recientemente con el visto bueno de los sindicatos.
En el caso del BBVA salieron 2.900 trabajadores, pero hubo 3.300 empleados más que pidieron abandonar sus puestos a la vista de las condiciones de salida y el banco no se los permitió.
En cuanto a las oficinas, el BBVA desveló desde el principio de la opa que su plan se limita al cierre de 300 oficinas y ante la CNMC se comprometió a clausurar solo las que estuviera como máximo a 300 metros de distancia.