Imane Rachidi
La Haya, 27 sep (.).- La lista de tareas urgentes se le alarga al futuro gobierno de Países Bajos, con la crisis de la vivienda a la cabeza, mientras la líder progresista Sigrid Kaag ha puesto sobre la mesa su disposición a negociar con hasta seis partidos, incluido Unión Cristiana (CU), en un intento de romper el bloqueo en la formación de un nuevo Ejecutivo.
A pesar de que el diálogo de estas últimas semanas se ha centrado en un gobierno en minoría, formado por los liberales VVD, el progresista D66 y los democristianos CDA, ahora Kaag quiere incluir a los cristianos, a los que había vetado desde las elecciones de marzo, pero también a la izquierda verde GroenLinks y a los socialdemócratas PvdA.
“Creo que es lo sensato, maduro y correcto”, aseguró Kaag, al anunciar la ruptura de un punto muerto en el diálogo porque, dijo, “no puedes sentarte y fingir que esto no va contigo”, cuando Países Bajos está “desesperado” por un avance en este proceso político.
GroenLinks y PvdA instaron a acelerar la formación del nuevo gabinete porque abordar problemas como "la crisis climática, la crisis de la vivienda y la creciente desigualdad" no puede esperar más. Apoyados por parte del Parlamento, apuestan por abolir el impuesto a las asociaciones propietarias de viviendas en alquiler social.
Este impuesto se introdujo en 2017 durante la crisis financiera como medida para paliar la crisis porque las asociaciones de viviendas tenían un negocio rentable y el gobierno las consideró una buena fuente para generar más ingresos estatales, al tiempo que controlaba los problemas financieros que afrontaron en años anteriores, como las deudas y los fraudes.
Solo se aplica a las viviendas destinadas a alquileres sociales, que son las que se ofrecen a una renta máxima de 752 euros al mes, y se grava aproximadamente el 0,5 % del valor medio de las viviendas, pero el propietario debe tener más de 50 viviendas.
Esta tasa rinde casi 1.900 millones de euros este año, unos 400 millones más de lo previsto en los presupuestos generales, y desde 2013, ha aportado más de 12.000 millones de euros a las arcas del Estado neerlandés.
Pero este impuesto obstaculiza a los grandes caseros en el objetivo principal de su existencia: invertir en la vivienda social, la vivienda pública, por lo que la izquierda neerlandesa cree que la abolición de la tasa ayudaría a atajar la crisis de viviendas y permitiría la construcción de más casas y hacerlas más sostenibles.
Además, una investigación oficial mostró el año pasado que estas asociaciones empezarán a sufrir problemas financieros a partir de 2024 y no alcanzarán los 24.000 millones en 2035, si se mantiene este impuesto.
Se estima que Países Bajos tiene una escasez de unas 331.000 viviendas, un problema que se acentúa cada vez más y que incrementa la presión sobre Mark Rutte, quien, al gobernar en funciones, no puede tomar medidas de gran calado y está limitado desde enero, cuando dimitió, a gestionar la pandemia y sus efectos financieros.
Según la oficina de estadísticas CBS, los precios de las viviendas en Países Bajos se encuentran entre los más altos de Europa y están aumentando a uno de los ritmos más rápidos dentro de la Unión Europea (UE). Una casa en territorio neerlandés cuesta una media de 400.000 euros este 2021.
Pero el Gobierno planea invertir al menos 1.000 millones de euros para acelerar la construcción de viviendas, para atajar la grave escasez de viviendas asequible y la subida imparable de precios que ha encendido las alarmas.
En 2019, ya invirtió otros 1.000 millones de euros en un fondo destinado a impulsar la construcción de casas y que se invirtieron en proyectos municipales que buscaron facilitar planes de desarrollo existentes, mejorando las conexiones de transporte público y reutilizando terrenos para la construcción de viviendas, mayormente para alquileres sociales o las asequibles, de máximo 1.000 euros mensuales.
Más allá de esta nueva inversión, no está previsto que el Ejecutivo en funciones vaya a anunciar medidas radicales para atajar la crisis de viviendas.
Pero los grandes municipios, como Ámsterdam, La Haya, Groninga, Tilburgo y Utrecht, están considerando usar una enmienda legislativa que permitirá a partir de enero designar vecindarios donde los inversores no podrán comprar casas baratas o de precio medio, para alquilarlas por precios desorbitados, según la televisión neerlandesa NOS.
La enmienda establece que los municipios deben "justificar” si la protección de compra es “necesaria y eficaz” y en qué vecindarios se producen esos “efectos desequilibrados e injustos debido a la escasez de viviendas baratas y de precio medio”, aunque no define los precios de lo que se considera “caro” y “barato” porque varía por ciudades.