La Haya, 4 feb (.).- La eléctrica alemana RWE (DE:RWEG_p) inició este jueves un caso de arbitraje internacional para exigir una compensación al Gobierno neerlandés por los efectos de la prohibición del uso de carbón a partir de 2030 en Países Bajos, donde tiene una central de energía que podrá sufrir 1.400 millones de euros en pérdidas, lo que ha causado polémica en La Haya.
La compañía alemana invoca el Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE), un acuerdo internacional de inversión firmado en 1994, para defender los intereses de su central eléctrica en Eemshaven, en el puerto de Groninga, y busca recuperar los costes en los que incurrirá con un arbitraje solicitado al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas Inversiones (CIADI), del Banco Mundial.
El TCE protege a las compañías que invierten en el extranjero y les permite exigir una compensación al Estado anfitrión por las medidas oficiales que se apliquen en un país y que reduzcan los beneficios esperados por los inversores a la hora de instalar su empresa en su territorio.
Países Bajos aprobó la prohibición del uso del carbón en 2019 y ofreció una década como periodo de transición a las empresas que hacen uso de este material para la producción de energía, lo que hace que las centrales eléctricas “tengan tiempo suficiente para cambiar a otras formas de generación de energía antes de 2030”, subrayó el Ministerio de Economía, que mantuvo reuniones con RWE a finales del año pasado.
Varios diputados neerlandeses exigieron hoy que la dirección de RWE acuda a una audiencia ante el Parlamento neerlandés la próxima semana para dar explicaciones y consideraron este caso de arbitraje como “una obstrucción” a la lucha contra el cambio climático.
LAS ONG, INDIGNADAS
En una nota, Wendel Trio, director de la organización de acción climática CAN Europe, consideró “indignante que las empresas de combustibles fósiles puedan utilizar este poderoso tratado para obstruir la transición a las energías limpias” y exigió a los países europeos “retirarse de este peligroso acuerdo y no perder más tiempo en intentos inútiles de reformarlo”.
Recordó que “no es la primera vez” que una empresa energética “intenta que los contribuyentes paguen la factura por sus malas decisiones comerciales”, y advirtió a RWE de que “conocía los peligrosos impactos del cambio climático y la necesidad de eliminar rápidamente los combustibles fósiles cuando decidió abrir una central eléctrica de carbón en 2015” en Países Bajos.
Es la primera vez que una empresa europea que gestiona una planta de carbón solicita arbitraje contra un país por cumplir “con sus compromisos climáticos”, dijo, y subrayó que la ministra española de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya pidió a la Unión Europea (UE) el pasado diciembre que se retirara del TCE si la reforma no lograba alinear el tratado con los principios que recoge el Acuerdo de París.
La ONG Amigos de la Tierra también tildó de “indignante” el paso anunciado por RWE, y recordó que las compañías como ésta “ya han ganado miles de millones por la inacción climática, pero ahora que Países Bajos finalmente quiere eliminar el carbón, estas empresas quieren aún más dinero, lo que hace que la crisis climática sea más cara, más difícil y lenta, lo que es simplemente inaceptable”.