Sídney (Australia), 27 ene (.).- La compañía australiana Woodside Petroleum anunció este jueves su salida de Birmania (Myanmar) debido al deterioro de los derechos humanos a raíz del golpe de Estado militar del 1 de febrero de 2021, que ha sumido al país en una profunda crisis política, económica y social.
Woodside, que sigue los pasos de las multinacionales Chevron (NYSE:CVX) y Total Energies, tiene el 40 por ciento de participación en un proyecto gasístico en Birmania en el que trabaja junto a la empresa estatal Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE), controlada por los militares desde el sublevamiento.
"Woodside ha sido un inversor extranjero responsable en Birmania desde 2013 y nuestra conducta se guía por los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos de la ONU y otros estándares internacionales relevantes", precisó en un comunicado la directora ejecutiva de la empresa, Meg O'Neill.
La empresa australiana prevé que la decisión supondrá una caída en su beneficio neto de unos 138 millones de dólares (123 millones de euros) en el año 2021, monto al que se suman a los 71 millones de dólares (63 millones de euros) por costes de un proyecto de exploración en Birmania.
La decisión de Woodside se da después de que grupo francés TotalEnergies y la multinacional estadounidense Chevron anunciaran la semana pasada sus respectivas salidas de Birmania por considerar que su permanencia supondría financiar a la junta militar que ha reprimido con brutalidad a la disidencia.
En un reciente informe Human Rights Watch (HRW) denunció que las fuerzas golpistas birmanas han cometido crímenes contra la humanidad por disparar a matar contra civiles, cometer violaciones y perseguir a opositores, entre otros abusos.
Según la oenegé birmana Asociación para la Asistencia de Presos Políticos, casi 1.500 personas han muerto por la violenta represión de los militares, que han encarcelado a más de 11.700 opositores.
HRW recuerda en su informe que la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido han aprobado sanciones contra los líderes militares y sus compañías, pero no contra las empresas petrolíferas y de gas que generan anualmente más de 1.000 millones de dólares (890 millones de euros) en ingresos extranjeros para la junta.