Madrid, 18 jun (.).- La primera parte de la reforma de pensiones que prepara el Gobierno ha encallado en el factor de sostenibilidad, que el Ministerio de Seguridad Social no toca ahora pero cuya derogación es indispensable para los sindicatos, han indicado a Efe fuentes del diálogo social.
Fuentes de las negociaciones han explicado que, resueltos ya otros escollos, el Ministerio de Seguridad Social no recoge en la redacción normativa la derogación expresa del factor de sostenibilidad.
La derogación tanto del índice de revalorización de las pensiones como del factor de sostenibilidad, ambos incluidos en la reforma del PP de 2013, ha sido el principal reclamo en materia de pensiones para los sindicatos.
En el borrador del acuerdo de esta reforma, que trascendió en mayo, se recogía que el índice de revalorización era derogado y sustituido por una fórmula que ligará la actualización de las pensiones al IPC del año anterior, mientras que el factor de sostenibilidad era borrado de la normativa a la espera de un nuevo "mecanismo de equidad intergeneracional" que operaría desde 2027.
Gobierno y agentes sociales acercaron posturas para dar de margen hasta fin de año para pactar este nuevo mecanismo.
Sin embargo, tal y como explican las fuentes consultadas, la postura de Seguridad Social ha cambiado, algo que atribuyen a "algún desacuerdo" en el seno del Gobierno para dejar fuera de los primeros cambios en la normativa de la Seguridad Social este elemento.
De esta forma, el factor de sostenibilidad, que suponía el ajuste a la baja de la pensión inicial de acuerdo con la esperanza de vida prevista, seguiría estando vigente aunque no comenzaría a aplicarse hasta 2023.
A finales de mayo, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ya dijo en una entrevista que esta derogación no se incluirá al haber margen hasta 2023 para su entrada en vigor.
Preguntado este viernes por si éste es el escollo para cerrar el acuerdo, Escrivá se ha limitado a contestar que "todo lo que acordemos estará en el marco general del Plan de Recuperación".
Este plan recoge "la sustitución del factor de sostenibilidad por un mecanismo de equidad intergeneracional" que deberá estar aprobado antes de que termine 2022.
Las mismas fuentes del diálogo social explican que sí se han logrado consensuar posturas en la denominada clausula de salvaguarda para que a los despedidos hasta la entrada en vigor de esta reforma no se les apliquen los nuevos coeficientes reductores cuando se jubilen antes de tiempo.
Han llegado también a un consenso respecto a la jubilación forzosa por convenio al haber cumplido la edad legal y tener acceso al 100 % de la pensión, que deberá dejar de aplicarse aunque con un margen de tiempo.