Bruselas, 24 nov (EFE).- Los ministros de Energía de la Unión Europea debatirán hoy la propuesta de la Comisión Europea para limitar el precio del gas en el mercado de futuros TTF, en una cita que se anuncia intensa pues critican la iniciativa tanto los países que reclaman intervenir como los que no querían ninguna propuesta en la mesa.
Una mayoría de Estados miembros llevan meses presionando para que Bruselas diseñe un sistema para limitar las compras mayoristas de gas en la UE, con Italia, España, Polonia o Francia empujando en esa dirección.
Pero la Comisión, alineada con Alemania y Países Bajos, no quería y ha arrastrado los pies hasta el punto de que algunas capitales amenazaban con bloquear otros textos energéticos en los que se esperaba una tramitación sin sobresaltos, si Bruselas no presentaba una propuesta legislativa.
Finalmente, y de cara al cuarto consejo extraordinario de Energía desde el mes de julio, la comisaria europea de Energía, Kadri Simpson, ha puesto en la mesa una propuesta legislativa para limitar los precios desorbitados en el mercado TTF de Ámsterdam, que sirve de referencia para gran parte de los contratos gasísticos en Europa.
En concreto, el mecanismo que propone Bruselas como "último recurso" limitaría a 275 euros por megavatio-hora (MWh) el precio de los futuros de gas a un mes en el TTF, pero sólo se activaría si se supera ese umbral durante dos semanas y siempre que la diferencia con respecto a la cotización del gas natural licuado (GNL) en los mercados internacionales supere los 58 euros.
Esos requisitos implican que, en caso de haber estado en vigor, no se habría aplicado ni durante el histórico récord de precios del pasado agosto.
Además de estas dos condiciones, el proyecto legislativo recoge un arsenal de salvaguardas para suspender el tope si pone en peligro la seguridad de suministro o la estabilidad de los mercados financieros, lo que hace que el mecanismo sea casi inaplicable.
La propuesta ha sido criticada por países que pedían un tope, como España, Polonia o Grecia, que critican que en la práctica sea inaplicable, como por capitales como La Haya, que no querían que la Comisión hiciera ninguna propuesta formal.
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