La Haya, 7 dic (EFE).- La Autoridad Neerlandesa de Protección de Datos (AP) impuso hoy una multa de 2,75 millones de euros a las autoridades fiscales de Países Bajos por procesar de manera “ilegal, discriminatoria e indebida” durante años datos sobre la doble nacionalidad de padres que pidieron ayudas sociales para el cuidado de sus hijos.
La AP consideró que la Administración de Impuestos y Aduanas en Países Bajos había violado la privacidad de los padres beneficiarios de las ayudas al procesar su doble nacionalidad en una especie de listas negras y en un sistema basado en algoritmos, un escándalo institucional y político que llevó al Gobierno neerlandés a dimitir en bloque el pasado enero.
“Han procesado de manera ilegal, discriminatoria y, por lo tanto, indebida la (doble) nacionalidad de los solicitantes de subsidio para el cuidado de los hijos” y estas son “violaciones graves de la ley de privacidad”, según el reglamento general de protección de datos en Países Bajos.
El presidente de la AP, Aleid Wolfsen, recordó que los ciudadanos gestionan “muchos asuntos” a través de las instituciones oficiales y se ven “obligados a someterse a un procesamiento de datos por parte del gobierno”, lo que hace que tengan que “confiar ciegamente en que esto se hará correctamente, que el gobierno no almacene ni procese información innecesariamente”.
Sin embargo, la Administración procesó datos personales en una plataforma de señalización de fraudes (FSV), una lista negra que permitió a Hacienda acusar, sin fundamento, a decenas de miles de padres de fraude fiscal con las ayudas que recibieron para pagar la guardería, una acusación que llevó a muchas familias a la ruina, viéndose obligadas a devolver grandes cantidades de dinero que no tenían.
Esas listas negras de potenciales defraudadores se usaron desde 2013 hasta principios de 2020.
La AP cree que la Agencia Tributaria debería haber eliminado los datos sobre la doble nacionalidad de los ciudadanos neerlandeses en enero de 2014, puesto que este dato no debe influir en la evaluación de una solicitud de ayuda para el cuidado de los hijos, pero Hacienda “conservó y utilizó esta información” a la hora de procesar las solicitudes.
“En mayo de 2018, un total de 1,4 millones de personas tenían doble nacionalidad registrada en los sistemas de la Autoridad Tributaria. Las autoridades fiscales tramitaron la nacionalidad de los solicitantes para combatir el fraude organizado. Si bien los datos no son necesarios para esto”, señaló hoy la AP.
Además, utilizó la nacionalidad como indicador de un sistema que designaba automáticamente ciertas solicitudes como de “alto riesgo”, dejando en manos de los algoritmos la señalización de posibles defraudadores, cuando “no importa la nacionalidad que tenga la persona” en el derecho a la prestación social.
“En todos los casos -evaluación de solicitudes, lucha contra el fraude y el sistema de riesgo - el tratamiento es ilícito y, por tanto, prohibido”, señala.
En verano de 2020, la Agencia Tributaria “eliminó por completo esto”, tras la investigación de la AP, que le instó a “limpiar los sistemas internos”.
El Ministerio de Hacienda, objeto de la multa al ser responsable del tratamiento de datos personales ante las autoridades fiscales, todavía puede apelar esta sanción.
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