MADRID (Reuters) - El Gobierno español, al que unos piden diálogo y otros más contundencia en Cataluña, dijo el martes tener "controlada" la situación y preparadas todas las actuaciones legales a su alcance en caso de que se declare una independencia unilateral en los próximos días.
Tras el referéndum no autorizado del domingo pasado -que arrojó una mayoría en favor de la independencia-, el presidente Mariano Rajoy estaría en la encrucijada de optar por asumir los poderes regionales, como le pide su socio de Gobierno, Ciudadanos, o abrir un diálogo con la Generalitat, como exigen los socialistas, líderes de la oposición.
"Estamos trabajando en medidas que protejan al pueblo de Cataluña. Tenemos preparadas todas la actuaciones y lo estamos hablando con los distintos representantes políticos", dijo la vicepresidenta del Gobierno a periodistas.
Soraya Sáenz de Santamaría respondía así a la pregunta de si el Gobierno invocaría el artículo 155 de la Constitución, que exige una mayoría absoluta del Senado y dice que si una región no cumple con sus obligaciones o actúa gravemente contra el interés general de España, el Gobierno puede adoptar medidas para su cumplimiento forzoso y para proteger el interés general.
Tras reunirse con los dos partidos que le han apoyado contra el referéndum catalán, Rajoy se comprometió a estudiar las propuestas del líder socialista, Pedro Sánchez, y del de Ciudadanos, Albert Rivera, partidario de que se asuman las funciones del presidente catalán, Carles Puigdemont, para convocar elecciones autonómicas en Cataluña lo antes posible.
Si continúa la incertidumbre, la crisis catalana podría condicionar la legislatura de Rajoy y la estabilidad política del Ejecutivo en minoría, ralentizando eventualmente la recuperación económica del país, según analistas.
"VERGÜENZA DEMOCRÁTICA"
"Absolutamente", dijo Sáenz de Santamaría cuando se le preguntó si el Ejecutivo tenía controlada la situación en Cataluña, donde el Gobierno ha desplegado miles de policías y guardias civiles.
La vicepresidenta criticó que la Generalitat estuviera vulnerando el interés general en favor de los secesionistas en una región en la que, aunque la mayoría de la gente defiende el derecho a votar sobre su futuro, no está tan claro que el deseo de independencia sea mayoritario, según los sondeos.
"El Gobierno de Cataluña ha perdido cualquier vergüenza democrática desde hace tiempo", dijo Sáenz de Santamaría.
Los datos provisionales de la consulta del domingo, que se vio teñida de cargas policiales y dudas sobre sus garantías y ha derivado en un "paro de país" convocado para el martes, arrojan que hubo 2,6 millones de papeletas de un censo de 5,3 millones y que un 90 por ciento de ellas fueron a favor de la independencia.
Pese a afirmar que no quería una "ruptura traumática" de España, Puigdemont dijo el lunes que se veía obligado a cumplir con lo expresado en las urnas, por lo que en los próximos días se prevé que haya un pleno parlamentario en el que podría declararse una declaración unilateral de independencia.
Además de asumir las funciones de Puigdemont, el Gobierno podría recurrir al Tribunal Constitucional para que le inhabilite, una medida que, según fuentes judiciales, los magistrados preferirían que no se deje en sus manos pero es favorecida por el PSOE.