MADRID (Reuters) - La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela dijo el miércoles que ha cerrado la fase de investigación del exmayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero por su papel durante el referéndum secesionista de Cataluña de octubre, un paso previo a la apertura de juicio oral tras su procesamiento por los delitos de sedición y organización criminal.
La magistrada procesó también al resto de la cúpula de la policía autonómica catalana: la intendente Teresa Laplana y el exdirector Pere Soler, así como al exsecretario general de Interior de la Generalitat César Puig. Los cuatro recurrieron su procesamiento, a la espera de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional lo resuelva.
La jueza, que ahora remite el caso para que sea juzgado por otra sección de la misma la Sala de lo Penal, había ordenado en abril el procesamiento por los hechos ocurridos el 20 y 21 de septiembre durante unas protestas frente a la Consejería de Economía en Barcelona y por la jornada de la consulta soberanista del 1 de octubre, declarada ilegal por los tribunales españoles.
En el caso de Soler y Puig, la magistrada decidió procesarlos por organización criminal y un único delito de sedición por el referéndum del 1 de octubre, mientras que Laplana será juzgada por sedición por los hechos del 20 y 21 de septiembre.
La magistrada manifestó entonces en un auto que el cuerpo policial autonómico mantuvo una conducta dirigida a "obstruir cualquier actuación que bloquease el plan estratégico hacia la independencia" y que fue usado de manera ilegal por las autoridades catalanas.
El Ministerio del Interior cesó al jefe operativo de los Mossos en una de las primeras medidas de intervención del Gobierno central en Cataluña tras la declaración de independencia en octubre. Poco después, la magistrada dictó medidas cautelares contra Trapero que incluían la retirada del pasaporte y una cita quincenal con los juzgados.
Durante la consulta, que llevó a la posterior declaración unilateral de independencia, se registraron cargas por parte de la Policía Nacional y Guardia Civil que trató de impedir una votación considerada contraria a la Constitución española, mientras los policías autonómicos fueron acusados de haber mantenido un perfil bajo.
Según la magistrada, durante la jornada del referéndum existió un plan premeditado por la cúpula de los Mossos para evitar actuar y concluyó que Trapero, Soler y Puig formaban parte de una organización criminal donde los procesados obedecieron "a pautas de subordinación y trabajo en grupo bien definidas".
La medida se produce en un momento de fuerte presión en los tribunales contra los detenidos en varias causas contra líderes secesionistas dentro y fuera de España.
Mientras la fiscalía alemana insistió el martes en solicitar la extradición por rebelión del expresidente catalán Carles Puigdemont, el Tribunal Constitucional español rechazó los recursos del ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y el líder independentista Jordi Sànchez para salir de prisión provisional a la espera de juicio.
Adicionalmente, el Tribunal Supremo denegó el martes la solicitud de libertad provisional presentada por Josep Rull y Jordi Turull para tomar posesión de los cargos de consellers en el nuevo gobierno propuesto en Cataluña.