Madrid, 25 sep (.).- El encarecimiento de los derechos de emisión que pagan los grandes consumidores energéticos por emitir cada tonelada de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera es uno de los principales responsables directos de la escalada que registra el precio de la luz desde hace meses.
La subida de estos derechos, que en solo un año han duplicado su precio hasta los 60 euros por tonelada de CO2, está provocando que los costes de las grandes plantas energéticas sean cada vez más altos, una situación que termina repercutiendo en la factura final de los consumidores domésticos.
¿Pero qué son exactamente los derechos de emisión que pagan las grandes compañías para poder emitir CO2, cómo funcionan y cuál es su fin último?
UN PERMISO PARA "CONTAMINAR"
En 2005, con la intención de alcanzar sus objetivos de reducción de emisiones acordados en el marco del Protocolo de Kioto, la Unión Europea (UE) creó el primer régimen internacional de comercio de derechos de emisión del mundo, que hoy es el principal mercado de carbono a nivel global.
"Simplificando mucho, los derechos de emisión son un coste que tienen que pagar aquellas empresas que emiten CO2. Realmente es un papel que la UE asigna a cada país, una cantidad de derechos de emisiones, que éstos a su vez asignan en subastas públicas donde cualquier generador puede comprarlo", explica a EFE el socio de la consultora Ingebau, Joaquín Giráldez.
Este sistema limita las emisiones contaminantes de casi 11.000 instalaciones de gran consumo de energía (centrales eléctricas y plantas industriales) y de las cerca de 500 compañías aéreas que operan entre todos los países de la UE, más Islandia, Liechtenstein y Noruega, lo que equivale aproximadamente al 40 % del total de las emisiones de estos países. En España son cerca de mil instalaciones y 30 operadores aéreos.
El mercado funciona con un límite máximo fijado por la UE de algunos gases que pueden emitir las instalaciones afectadas y que se va reduciendo progresivamente (un 2,2 % como máximo al año desde 2021) para conseguir disminuir las emisiones totales.
Es decir, cada año se reparten menos derechos, por lo que las empresas se ven obligadas a contaminar menos o a tener que acudir a subastas de derechos que, ante la mayor demanda y la menor oferta, cada vez son más caros.
ASIGNACIÓN GRATUITA O SUBASTAS
Hay dos métodos para recibir estos derechos de emisión: por asignación gratuita o a través de subastas que organiza cada país acogido a este mecanismo.
Aunque el proceso de asignación gratuita seguirá aplicándose, las subastas cada vez tendrán más peso (en 2020 se acercaban al 60 % de los derechos de emisión), salvo en aquellos sectores que corren el riesgo de verse afectados por la conocida como "fuga de carbono", al ver aumentados sus costes de producción.
Por ejemplo, en el periodo 2013-2020, las compañías aéreas recibieron la mayoría de sus derechos de emisión de forma gratuita, mientras que el sector eléctrico tiene que acudir a las subastas para adquirir derechos desde el año 2013, ya que no recibe ninguna asignación gratuita.
Independientemente de como reciban sus derechos, al final de año las empresas deben entregar los suficientes para cubrir todas las emisiones que hayan realizado. De lo contrario se exponen a fuertes sanciones, y si logran reducir sus emisiones se les permite conservar sus derechos sobrantes para cubrir sus futuras necesidades o venderlos.
Sin embargo, la UE cree que la subasta es el método de asignación más transparente y pone en práctica el principio de "quien contamina paga", por lo que su porcentaje seguirá aumentando año a año y se incluirán nuevos sectores, como el transporte, algo que el profesor de IEB, Javier Santacruz, cree que podría encarecer aún más los precios de estos derechos.
"En los próximos dos o tres años, se incluirán más sectores productivos en el comercio de derechos de emisión, es decir, más sectores de la economía necesitarán pedir y ser asignados derechos de emisión y tendrán que pedir permiso por contaminar", asegura.
CÓMO AFECTAN AL PRECIO DE LA ELECTRICIDAD
Por ello, y aunque los derechos de emisión representan un mecanismo que afecta directamente a las arcas económicas de las empresas que contaminan, el incremento de su valor termina repercutiendo en la factura final de los consumidores.
Si a una gran compañía que genera electricidad, pongamos, con ciclos combinados de gas natural, cada vez le sale más caro contaminar, sus costes aumentarán y venderá la electricidad en los mercados mayoristas a un precio más caro.
Así, según Giráldez, para generar electricidad con un ciclo combinado de gas natural, que normalmente es la tecnología más cara y marca el precio en la mayoría de las horas del mercado mayorista, se emiten alrededor de 0,4 toneladas de CO2.
Esto, con los precios actuales a los que se pagan los derechos de emisión, supone un incremento en el precio que soportan las plantas de generación eléctrica que Giráldez cifra en "24 euros por megavatio hora solamente por los derechos de emisiones”.
Por su parte, el profesor de EAE Business School, Carlos Andreu, explica que el cliente final está pagando "por el incremento de los precios de derechos de emisión de CO2 de las empresas contaminantes, más el precio de las centrales que utilizan ciclo combinado gas", una situación que sumada a los impuestos y los peajes de la factura generan el encarecimiento de la factura final
¿DÓNDE ESTÁ EL TECHO?
En lo que va de año, según los datos de la empresa dedicada a la compraventa de derechos de emisión Sendeco2, el precio medio de la tonelada de CO2 ronda los 48 euros (actualmente se paga a 60 euros) cuando en 2020 costaba aproximadamente la mitad.
Andreu asegura que las expectativas son que el precio de los derechos de emisión siga subiendo en los próximos años hasta alcanzar los 80 euros por tonelada en 2024.
Por su parte, Santacruz señala que el principal beneficiado del aumento del precio de los derechos de emisión es el Gobierno, que a través de las subastas podría ingresar hasta 3.500 millones durante todo el año, mucho más que hace un año.
En este sentido, una de las últimas medidas aprobadas por el Gobierno para rebajar el precio de la luz preveía destinar 900 millones adicionales de lo recaudado a través de las subastas para rebajar los costes del sistema eléctrico.
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