Roma, 25 mar (.).- La petrolera italiana Saipem (MI:SPMI), controlada por ENI (MI:ENI) y el banco público italiano CDP, anunció este viernes una ampliación de capital de 2.000 millones de euros para este año, casi un tercio de su capital, y una desinversión de las actividades de perforación en tierra para intentar resolver sus problemas financieros.
Sus accionistas de control, ENI y CDP, se harán cargo del 43 % de la ampliación, en proporción a su cuota conjunta, mientras que el otro 57 % se cubrirá con un acuerdo de 'presuscripción' con bancos italianos e internacionales, explicó en una nota.
Saipem ya había advertido al mercado de que el pasado año tuvo unas pérdidas por valor de más de un tercio de su capital social y este viernes cifró el dato en 2.460 millones de euros, más del doble que el resultado negativo de 1.130 millones de 2020.
La petrolera atraviesa un momento de dificultad económica desde hace meses y los inversores así lo están reflejando en la Bolsa de Milán: el valor pierde un 48 % en los últimos seis meses y un 54 % en el último año.
Saipem quiere recuperar esta confianza y sanear sus cuentas, y lo hará con un plan estratégico que comunicó este viernes y que apuesta hasta 2025 por la perforación en aguas profundas, para que crezca un 16 %, y por impulsar su presencia en el sector eólico un 30 % más.
Sin embargo, reducirá en un 14 % sus actividades de perforación en tierra a "un operador primario internacional" con el que ya negocia en exclusiva y del que no dio detalles.
Saipem calcula que esta estrategia le permitirá reducir los costes estructurales en más de 150 millones de euros en el año en curso y en 300 millones para 2024, además de incrementar sus ingresos medios anuales en un 15 % entre 2021 y 2025; y alcanzar un resultado bruto de explotación (ebitda) ajustado de 500 millones en 2022 y de 1.000 millones al final del plan.
Respecto a Rusia y las tensiones geopolíticas derivadas por la invasión de Ucrania, Saipem descartó comprometerse con nuevos negocios en Moscú y garantizó que su exposición actual es limitada.
"En el improbable escenario de la cancelación inmediata de los contratos" en curso, el impacto financiero sería de entre 100 y 150 millones de euros, teniendo en cuenta los dividendos previstos, calculó.