Madrid, 18 jun (.).- El juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid ha acordado suspender temporalmente el procedimiento por la demanda colectiva de la asociación de consumidores Asufin contra Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI) por sus hipotecas referenciadas al IRPH, a la espera del veredicto de Europa.
En un auto, el juez Juan Carlos Picazo atiende la petición de los demandantes, que solicitaron la suspensión de la causa hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie acerca de las nuevas cuestiones prejudiciales planteadas por varios juzgados españoles.
Esta demanda colectiva fue presentada por Asufin en enero de 2018, y se dirige contra las hipotecas referenciadas al IRPH de UCI.
Tal como recuerda la asociación, la decisión del magistrado se conoce tres meses después de que el Tribunal Supremo manifestase en una providencia que paralizaba todos los procedimientos.
En esta ocasión, Luxemburgo se enfrenta a las cuestiones prejudiciales de varios magistrados españoles por las "diferentes interpretaciones" de los juzgados a la sentencia de 3 de marzo de 2020 del TJUE.
Ésta abrió la puerta a los jueces nacionales para que analizaran, caso por caso, si las entidades comercializaron sus hipotecas IRPH de forma transparente, pudiendo anularlas de constatar que hubo abuso alguno.
Aunque dio un respiro a la banca al no declarar nulo este índice oficial, determinó que para que la cláusula sea transparente no sólo tiene que ser comprensible desde el punto de vista "formal y gramatical", sino que debe aclarar al consumidor medio cómo se calcula el tipo de interés y sus consecuencias económicas.
Meses más tarde, el Supremo recogió los argumentos y descartó, en cuatro sentencias, que las hipotecas estudiadas por el Pleno fueran abusivas, a pesar de detectar que hubo falta de transparencia en la contratación, cuando el banco no informó de la evolución del índice en los dos años anteriores.
Esta decisión llevó al juez de Primera Instancia número 38 de Barcelona, Francisco González de Audicana -el mismo que elevó a Europa la legalidad de estas hipotecas por primera vez hace casi tres años-, y a la titular del juzgado de Primera Instancia número 2 de Ibiza, Carmen Robles, a solicitar aclaración.
Entre los aspectos cuestionados está determinar si la publicación del índice en el Boletín Oficial del Estado (BOE) "salva las exigencias de transparencia", y si resulta contrario a la directiva que la entidad "que impone un índice de implantación minoritaria como el IRPH no incorpore al contrato su definición completa o no entregue, previo a su suscripción, un folleto con su evolución".
La presidenta de Asufin, Patricia Suárez, se muestra satisfecha con la decisión del juez de suspender el procedimiento, lo que denota "la cautela que tienen que mantener ahora las distintas instancias judiciales".
En su opinión, es imprescindible "que en estos momentos se proteja al consumidor y se le salvaguarde de sentencias en contra cuya firmeza le impida seguir defendiéndose en tribunales, cuando todavía desde Europa no se ha dicho la última palabra".