Madrid, 19 abr (.).- Los precios de todo tipo de contratos públicos podrán revisarse si las materias primas, bienes intermedios y energía que se empleen en su ejecución supera el 20 % del presupuesto base de licitación, una posibilidad hasta ahora limitada a grandes contratos de obras o de suministro de energía.
Según se recoge en una enmienda incluida en una ley que transpone varias directivas y que este miércoles ha cerrado su trámite en el Senado para pasar al Congreso, se extiende a este supuesto una revisión que hasta ahora la ley de desindexación solo contemplaba para algunos tipos de contratos -como los de obras o los de suministro de energía- y siempre que el periodo de recuperación de la inversión fuera de 5 o más años.
La enmienda -transaccionada por PSOE, EH Bildu y PNV, entre otros- añade que, previa justificación en el expediente, "podrá admitirse la revisión de los precios en los contratos que no sean de obras, de suministros de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas o de suministro de energía" y aunque su periodo de recuperación de la inversión sea inferior a cinco años.
Para poder llevarse a cabo esta revisión, añaden, la suma de las materias primas, bienes intermedios y energía que se hayan de emplear tiene que superar el 20 % del presupuesto base de licitación.
En estos casos, añaden, la revisión solo afectará a la parte del contrato que representa dicha participación.
La enmienda también permitirá revisar precios de contratos que lleven un año en marcha y no dos como hasta ahora.
Junto a esto, la enmienda también amplía la prohibición de contratar a empresas con infracciones muy graves por la ley que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones y lucha contra la corrupción; y por infracciones graves o muy graves en materia de igualdad de trato y no discriminación por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales.