Madrid, 15 jun (.).- El juicio contra el expresidente de la empresa alimentaria SOS Jesús Salazar por defraudar presuntamente a Hacienda ha quedado visto para sentencia después de dos días de sesiones.
Tanto Salazar como su socio Francisco Blázquez han declarado en la Audiencia Nacional durante este lunes y martes y han defendido su inocencia frente a las acusaciones de blanqueo, delito contra Hacienda e insolvencia punible que pesan contra ellos.
La Fiscalía reclama para ambos 8 años de cárcel y 14,6 millones de euros (entre la sanción y el dinero a devolver a las arcas públicas).
Los abogados defensores de Salazar y Blázquez, por el contrario, han alegado que no existen pruebas de blanqueo -incluso han considerado que ese delito ya fue juzgado- y han cuestionado los indicios en los que se sustenta el caso, una pieza separada del llamado "caso SOS", resuelto en febrero de 2020 con un acuerdo entre las partes.
Entonces, tanto Jesús como su hermano Jaime Salazar aceptaron su responsabilidad en el desvío de más de 200 millones de euros desde las cuentas de SOS -hoy llamado grupo Deoleo- a sociedades controladas por los acusados.
Durante su declaración, Jesús Salazar ha argumentado que las operaciones acometidas respetaban la legalidad y como ejemplo ha apuntado que Deoleo (MC:OLEO) se retiró de la parte de la acusación "porque ya cobró todo".
"Si no, no se hubiera retirado, como es normal", ha recalcado.
El acuerdo alcanzado por los hermanos Salazar y la empresa permitió a esta última recuperar entre 8 y 12 millones de euros, lejos de los 200 que reclamaba, según la información facilitada por Deoleo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en febrero del año pasado.
Jesús Salazar y Blázquez están acusados de idear una trama para reclamar a Hacienda el pago de 2,46 millones de euros en concepto de devolución del IVA por una serie de operaciones acometidas en 2009.
En su escrito de acusación, la Fiscalía precisa que esa solicitud se realizó "a sabiendas" de que una de las operaciones incluidas en la documentación resultó fallida; pese a ello, el dinero fue abonado en 2011.
Orquestó también una serie de transferencias y maniobras dirigidas a esquivar sus obligaciones derivadas del "caso SOS" -el juez, de hecho, impuso una fianza de 360 millones de euros- y para conseguirlo contó con la ayuda de su socio Blázquez.
En el epicentro de la trama se encontraba la sociedad DDAL inversiones, controlada inicialmente por los Salazar y que pasó a manos de Blázquez.
El objetivo final de las transferencias entre empresas y el enjambre societario organizado era dificultar que se conociera el destino del dinero, según la Fiscalía, lo que en la práctica pretendía permitir a Jesús Salazar salvar parte de su dinero y patrimonio de las responsabilidades derivadas del "caso SOS".