Por Dustin Volz
WASHINGTON (Reuters) - Diez meses antes de que Estados Unidos vote en su primeras grandes elecciones desde la carrera presidencial de 2016, las autoridades electorales estatales de Estados Unidos se reunieron en Washington este fin de semana para intercambiar estrategias para tratar con un invitado indeseado: Rusia.
Las legislativas de Estados Unidos de este año, en las que se decidirá la nueva composición del Congreso, no serán un voto sobre la presidencia de Donald Trump aunque en muchos sentidos se interpretarán como una consulta indirecta sobre su gestión.
Un par de conferencias dedicadas generalmente a temas sobre administración electoral incluyeron, por el contrario, sesiones dedicadas a defenderse de los ciberataques electorales de Rusia u otros agentes, mientras las autoridades federales intentaban mostrar confianza y pedían a algunos estados que tomaran la amenaza con mayor seriedad.
"Todos en esta sala entienden que a lo que nos enfrentamos por adversarios extranjeros, especialmente Rusia, es real" dijo Chris Krebs, un alto cargo de seguridad en la red del Departamento de Estado (DHS), ante una audiencia de secretarios de estado supervisores de las elecciones en diversas regiones. Rusia, añadió, está utilizando "una variedad de herramientas contra nosotros".
El departamento dijo el año pasado que 21 estados habían llevado a cabo un sondeo inicial de sus sistemas por parte de hackers rusos y que un pequeño número de redes habían estado en peligro. Las máquinas de votación no se vieron directamente afectadas y no hay pruebas de que se haya alterado el voto, dicen las autoridades.
Si bien prácticamente todos los 50 estados han tomado medidas desde las elecciones de 2016 para comprar equipos más seguros, ampliar el uso de papeletas, mejorar la capacitación en la red o buscar asistencia federal, según los grupos que siguen la seguridad electoral, algunos responsables en las conferencias expresaron un sentido adicional de urgencia.
Esto se debe a que las reuniones se produjeron inmediatamente después de que el fiscal especial de Estados Unidos, Robert Mueller, revelara una proceso judicial en el que se acusaba a 13 rusos y tres compañías rusas de realizar una conspiración criminal para interferir en las elecciones de 2016.
Los cargos alegan una sofisticada operación multianual llevada a cabo por una fábrica de propaganda rusa para usar perfiles falsos en las redes sociales para impulsar la campaña de Donald Trump. Rusia ha negado repetidamente cualquier tipo de injerencia.