Tegucigalpa, 23 jun (EFE).- El Parlamento de Honduras aprobó un paquete de medidas que grava algunos servicios bancarios, mineros y de telefonía móvil, entre otros, cuyos impuestos servirán para apoyar el funcionamiento de los organismos de seguridad, informó hoy una fuente parlamentaria.
El diputado Germán Leitzelar, miembro del minoritario Partido Innovación y Unidad-Socialdemócrata, explicó a los periodistas que esta paquete de medidas comprende, entre otros gravámenes, los retiros bancarios, las ventas brutas de las comidas rápidas, las ganancias de los casinos, los ingresos de las mineras y la telefonía móvil.
Leitzelar dijo que la medida temporal, que será derogada dentro de cinco años, supone un fuerte respaldo a los organismos de seguridad.
El paquete fue aprobado anoche después de tres largos debates y una serie de modificaciones al proyecto de ley original, mientras que algunos diputados de la oposición se pronunciaron a favor de que el Gobierno saque del gasto corriente de algunas secretarías de Estado los fondos que requiere la Secretaría de Seguridad.
La denominada Ley Temporal de Seguridad Poblacional se orienta a recaudar unos 1.500 millones de lempiras (unos 79 millones de dólares), que serán manejados a través de un fideicomiso, para dotar a la Policía de lo necesario para que pueda combatir la alta criminalidad que vive el país.
Aunque hasta ahora no se sabe cuánto se recaudará con la nueva ley, algunos diputados calculan que podría superar ampliamente los 1.500 millones de lempiras cada año.
La medida, que la prensa ha calificado como "el tasón" y "paquetazo", grava con el 0,03 por ciento los retiros bancarios en cuentas arriba de 100.000 lempiras (unos 5.263 dólares), mientras que los ingresos de las empresas mineras son afectados con el 5 por ciento y la telefonía móvil y los casinos con el 1 por ciento.
Los ingresos de las comidas rápidas, particularmente las de franquicia extranjera, serán gravados con el 0,05 por ciento.
Entre otras disposiciones, el Parlamento hondureño aprobó ayer algunas reformas constitucionales que tienen que ver con la ampliación, de 24 a 48 horas, el período de detención de una persona cuando se trate de delitos de investigación compleja.
Con la ley vigente, según alegan fiscales y la Policía, sucede que 24 horas en algunos casos no es suficiente para indagar sobre la comisión de un delito, lo que muchas provoca que la persona detenida, presunta responsable de un crimen, por ejemplo, sea puesta en libertad.
Las medidas aprobadas anoche serán ratificadas hoy por los diputados, que están por irse a un período de vacaciones de medio año, mientras que deberá ser reglamentada en los próximos siete días y deberá ser aplicada dentro de 45 días.
Diversos sectores exigen, que así como los sectores de justicia y la Policía demandan más recursos, la institución policial debe ser depurada porque muchos de sus agentes y oficiales con frecuencia aparecen involucrados en crímenes o acciones ligadas al tráfico de drogas.
Honduras vive una agitada ola de violencia que, según organismos de derechos humanos y la Policía, deja a diario unas 15 muertes, algunas atribuidas por las fuerzas del orden a pandillas armadas, conocidas como "maras".
En otros casos, las autoridades responsabilizan al narcotráfico y el crimen organizado que opera en el país, lo mismo que a la pobreza y el desempleo. EFE