BOGOTÁ, 28 abr (Reuters) - Hasta 1.600 miembros de la extinta guerrilla colombiana de las FARC podrían ser asesinados para finales de 2024 por el alto riesgo que enfrentan tras el reciente récord semanal de un excombatiente muerto violentamente al día, advirtió el miércoles la Justicia Especial para la Paz (JEP).
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron en 2016 un acuerdo de paz con el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos para poner fin a un conflicto interno de más de medio siglo, que ha dejado más de 260.000 muertos y millones de desplazados.
Aunque la intensidad del conflicto se redujo después de la firma del acuerdo, con el paso de los meses se recrudeció en medio de la disputa entre disidentes de las FARC que rechazaron el pacto, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y bandas criminales que luchan por el control territorial de zonas estratégicas para el narcotráfico y la minería ilegal.
Los antiguos integrantes de la desmovilizada guerrilla de las FARC no han escapado de la violencia y desde la firma del acuerdo 271 han sido asesinados en diferentes regiones del país, según Comunes, el partido político conformado por los excombatientes y que surgió del acuerdo de paz.
"La semana del 14 al 21 de abril de 2021 fue una de las más letales para los excombatientes desde la firma del Acuerdo Final de Paz. De acuerdo con el periodo analizado, se presentaron 7 asesinatos, en promedio uno cada 24 horas", reveló un informe del Sistema de Monitoreo de Riesgos de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.
El informe advirtió que "si la variable temporal de homicidios a reincorporados continuaba, se podría llegar a la cifra de 1.600 crímenes al finalizar el año 2024".
El monitoreo determinó que dos de cada 10 reincorporados de las extintas FARC, que fueron asesinados, ejercían liderazgo en temas políticos, asociados a proyectos productivos, representantes de cooperativas, o encabezando procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito.
El presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, insistió en la necesidad de implementar el Acuerdo Final de Paz y desarrollar políticas más robustas de protección para líderes sociales y excombatientes de las FARC.
El Gobierno del presidente Iván Duque asegura que coordina con las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y una entidad estatal planes de protección para los antiguos integrantes de la desmovilizada guerrilla y sus dirigentes.
(Reporte de Luis Jaime Acosta, editado por Nelson Bocanegra)