29 abr - El costo de no combatir el hambre y la malnutrición en América Latina podría representar el 6,4% del PIB de los países estudiados, mientras que una solución al problema a través de transferencias para acceder a dietas saludables alcanzaría el 1,5% del PIB, dijo el lunes un reporte de organizaciones y agencias de Naciones Unidas.
Unas 43,2 millones de personas en América Latina padecen hambre, es decir un 6,5% de la población, de acuerdo al último estudio sobre seguridad alimentaria y nutrición hecho por Naciones Unidas en 2023.
Según el reporte de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), el problema principal no proviene de la escasez de alimentos, sino de la falta de acceso físico y económico, en especial en zonas rurales pobres y con poblaciones vulnerables.
"La falta de ingresos para acceder a una dieta saludable y nutritiva está entre las principales causas del hambre y la inseguridad alimentaria en América Latina y el Caribe. De hecho, esta región tiene la dieta saludable más cara del mundo", dijo Lola Castro, directora regional de WFP para América Latina y el Caribe.
"Es inaceptable que las poblaciones más vulnerables sigan pagando un costo tan alto por cuenta de la desnutrición, sobrepeso y obesidad o doble carga de la malnutrición, cuando el continente produce suficientes alimentos para alimentar a toda su población", agregó durante la presentación del informe.
El reporte identifica diferentes tipos de financiamiento para la seguridad alimentaria y la nutrición en América Latina y el Caribe y su relación en el PIB regional: el financiamiento del consumo y la producción de alimentos; el desembolso público relacionado a gastos agropecuarios y de protección social; los flujos internacionales de desarrollo; y el financiamiento del sistema bancario y los mercados de capitales.
El secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs, señaló que "más de 70 millones de personas en la región no tienen ingresos suficientes para adquirir una canasta básica de alimentos".
"Esa incidencia es más alta entre las mujeres, la población indígena y las personas que viven en zonas rurales. Por ello, es imperativo fomentar políticas públicas inclusivas y promover una mejor focalización del gasto público, capaz de impactar directamente a las poblaciones en situación de vulnerabilidad", destacó Salazar-Xirinachs.
(Reporte de Juana Casas, Editado por Manuel Farías)