Madrid, 16 may (.).- La Audiencia Nacional ha prorrogado hasta el 26 de octubre la instrucción de la querella presentada por la Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP) contra la antigua cúpula de Alcoa (NYSE:AA) por la presunta despatrimonialización fraudulenta de las plantas de aluminio de Alcoa en Avilés y La Coruña.
En un auto fechado el pasado 25 de abril al que ha tenido acceso EFE, la titular del juzgado central nº 3, María Tardón, acuerda la prórroga de seis meses "sin perjuicio" de que haya otras con posterioridad.
La querella por estafa, insolvencia punible y pertenencia a organización criminal se dirige contra Alu Ibérica -antes Alcoa- Alu Ibérica SL, el fondo suizo Parter y el Grupo Industrial Riesgo, creado por Víctor Domenech, y sostiene que se planeó el pase de las plantas de Alu a Parter para trasladar su titularidad al Grupo Industrial Riesgo.
En su auto de prórroga, la juez indica que en el estado que se encuentra el procedimiento "no es posible saber si de la contestación dada a los oficios dirigidos a las compañías Binance Cryptocurrency Exchange Platform y Payward Trading Ltd se va a derivar o no la necesidad de practicar nuevas diligencias de instrucción".
No consta, añade, que la Policía Judicial haya presentado su informe relativo a la cumplimentación de dichos oficios, y además hay pendientes declaraciones de algunos investigados.
Domenech, que figura como investigado, creó el Grupo Industrial Riesgo con un capital social de 3.000 euros, y aunque inicialmente Alcoa rechazó su propuesta de compra, posteriormente Parter - que se hizo con Alcoa al precio de un euro-, alcanzó un acuerdo para traspasarle las acciones de la compañía por 13 millones de euros.
Presuntamente, el vehículo inversor creado por Grupo Riesgo para la operación se apropió de los 13 millones de euros.
Además de seguir el rastro de los 13 millones de euros, Tardón indaga si se trató de una operación "pantalla" a fin de aparentar la bondad del negocio y la continuidad del empleo, impidiendo la adquisición de las plantas por otras empresas solventes presentadas por el Ministerio de Industria en el primer semestre de 2019.
La magistrada pone en duda que los investigados tuvieran intención de aplicar el plan industrial comprometido ante los trabajadores, lo que conllevaba condenar a las empresas a su desaparición.