Parece ser que el Gobierno de Italia podría aprobar el jueves 22 de diciembre un conjunto de medidas cuya cuantía se estima en unos 95.000 millones de euros de cara a ayudar al sector bancario del país, así como inyectar 15.000 millones de euros para sustentar la ampliación de capital de Monte di Paschi (MI:BMPS) y otras entidades bancarias (Popolare di Vicenza, Veneto Banca, Banca Carige).
La idea que circula es que si Monte dei Paschi no logra recaudar el dinero que necesita, el Estado intervendrá y rescatará al banco.
Es cierto que el Tesoro continúa debatiendo con la Unión Europea posibles soluciones con el fin de evitar que los inversores minoristas sufran pérdidas, ya que sus bonos se convertirían en acciones si el Estado interviene en el asunto.
Sea como fuere, todo apunta a una intervención inminente, incluso se está hablando que podría ser la próxima semana.
Pero no nos engañemos, el hecho de rescatar a Monte dei Paschi no va a poner punto y final a la crisis de los bancos italianos, entre otras razones porque la presunta intervención pública irá destinada únicamente a salvar a unos bancos en concreto, no al sector en general.
Como prueba de la situación, les dejo unos datos:
- El sector cuenta con una cartera de 360.000 millones de euros en activos tóxicos.
- El 16% de los préstamos son morosos (en la UE la media es tres veces menor).
- La economía del país no levanta el vuelo y se espera que crezca por debajo del 1% en los próximos años.
- El margen de intermediación de los bancos se ha reducido drásticamente.
- Los ingresos originados por la actividad crediticia se derrumban.
No sería exagerado decir que está en juego el sistema bancario del país (no sólo está en problemas Monte dei Paschi, Unicredit (MI:CRDI) necesita captar 13.000 millones de euros, sino que otras entidades podrían incluso llegar a quebrar), y todo ello tendría un efecto contagio en el sector bancario de la eurozona.
La única solución tendría un efecto no deseado: pérdidas para los accionistas y para los bonistas del banco, es decir, para muchos italianos, particulares. Una medida impopular, que tendría un amplio desgaste político.
La legislación de la Unión Europea establece que las entidades bancarias deben imponer primero pérdidas a los bonistas y accionistas y sólo después pueden recibir dinero público (cerca de 30.000 millones de euros en bonos junior de los bancos están en manos de inversores particulares).
Esta normativa pretende impedir que los Gobiernos utilicen el dinero de los contribuyentes para ayudar a los bancos con problemas financieros. Si no se cumple la norma jurídica que es muy clara al respecto, la Comisión Europea podría llevar a Italia ante el Tribunal Europeo de Justicia y obligarle a devolver la ayuda estatal que hubiera dado al banco.
Italia lo que no quería era precisamente eso, ya que gran parte de la deuda junior que se cancelaría está en manos de particulares italianos, no en vano Monte dei Paschi vendió 2.100 millones de euros en deuda junior a sus clientes como producto de ahorro, imaginen si ahora pierden casi todo el dinero (la legislación de la UE establece que el 8% del pasivo debe cancelarse antes de poder inyectarse dinero público en un banco).