Madrid, 10 jul (.).- UPI, la asociación de operadores independientes del sector de combustibles, ha dicho que, a pesar de la puesta en funcionamiento por la Agencia Tributaria del Registro de Extractores de Depósitos Fiscales (Redef), sigue persistiendo el fraude del IVA y reclama cambios legales para erradicarlo.
En un comunicado, recuerda que el Redef se puso en funcionamiento a finales de abril, pero se sigue produciendo fraude de IVA a la salida del depósito fiscal de hidrocarburos.
Explica que, aunque este mecanismo debía servir para erradicarlo, "las tramas de defraudación consiguen no sólo evitar los efectos del Redef, sino ampararse en él".
Por otro lado, señala que, cuando los distribuidores minoristas importan el producto en lugar de comprar a un operador mayorista, pueden incumplir también las obligaciones sectoriales y sus costes asociados por la falta de mecanismos de control de su actividad.
UPI explica que las obligaciones medioambientales son cada vez más numerosas y costosas, con lo que su incumplimiento permite unas diferencias de precios nunca vistas.
Según UPI, actualmente el foco del fraude está entre los distribuidores minoristas que venden a otros distribuidores, bien de manera independiente o como empresas instrumentales.
La asociación dice que una "anomalía regulatoria" les permite vender a otros distribuidores sin estar sometidos a las mismas obligaciones legales que los operadores mayoristas, sin que existan mecanismos de control de su actividad.
Para UPI, estos incumplimientos suponen una "competencia desleal" y son los operadores al por mayor sin capacidad de refino, como las compañías asociadas a UPI, las que más la sufren.
Según esta asociación, la situación es a medio plazo insostenible para los operadores no integrados y añade que ya ha comenzado el abandono de la actividad mayorista por parte de algún operador, a lo que podrían sumarse más, lo que puede provocar pérdida de tejido empresarial y empleo.
Además, recuerda que estos fraudes merman las cuenta públicas y dificultan la consecución de los objetivos de introducción de energías renovables y descarbonización a los que España se ha comprometido.
UPI se ha dirigido a la Agencia Tributaria, a la Corporación de Reservas de Productos Petrolíferos (Cores), a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y a los ministerios de Transición Ecológica y de Asuntos Económicos proponiendo medidas para dotarse de mecanismos eficientes de control para erradicar el fraude.
En UPI se integran ocho operadores mayoristas del sector de combustibles sin capacidad de refino, entre los que se encuentran Disa y Kuwait Petroleum España, entre otros.
Estas ocho compañías representan más del 15 % del mercado y cerca del 50 % de los operadores sin capacidad de refino.