Madrid, 17 nov (.).- La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) ha advertido de los riesgos que plantea el nuevo impuesto a las energéticas impulsado por el Gobierno, ya que compromete las inversiones necesarias para la transición energética y la creación de empleo en el sector.
Según ha explicado este jueves la asociación en un comunicado, las enmiendas introducidas a la norma este jueves en el Congresos no han "abordado ni corregido" algunos de los problemas señalados por la asociación en el planteamiento y puesta en marcha de este nuevo gravamen.
En este sentido, critica su "falta de justificación real" y asegura que compromete la transición energética y el mantenimiento de las inversiones necesarias para descarbonizar el sector y garantizar la seguridad de suministro, además de lastrar la competitividad de un sector estratégico para España.
Por ello, lamenta la "oportunidad perdida" de introducir cambios en la tramitación parlamentaria, manteniendo "incongruencias" como la posible doble imposición o la aplicación del impuesto a actividades ajenas a la energética.
Además, tampoco se han incluido medidas que incentiven las inversiones necesarias para avanzar en el proceso de descarbonización de la economía y para garantizar el aprovisionamiento en la Unión Europa, deduciendo del gravamen la realización de inversiones, o el compromiso de realizarlas en el futuro (2022-2027) mediante planes de inversiones.
El planteamiento inicial del Gobierno pasaba por gravar con un 1,2 % los ingresos de aquellas compañías energéticas que facturen más de 1.000 millones de euros al año.
Con las enmiendas aprobadas este jueves en el Congreso, se mantendrá un tipo del 1,2 % pero quedarán excluidos del impuesto los ingresos obtenidos actividades reguladas, tanto las tarifas reguladas de luz, gas y butano como los obtenidos de redes de transporte y distribución de electricidad y gas.
Asimismo, excluye del pago a todos los ingresos obtenidos por instalaciones de generación con retribución regulada y retribución adicional en territorios no peninsulares, incluidos los del mercado, así como toda la facturación obtenida fuera de España.