Wanda (HK:3699) Rudich
Viena, 2 nov (.).- El expresidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) Rafael Ramírez considera que la OPEP y sus aliados deberían, en la reunión de esta semana, abrir los grifos más de lo previsto para frenar la escalada de los precios del crudo, de forma que el barril no supere los 80 dólares.
En declaraciones telemáticas a Efe, Ramírez, quien durante años encabezó la delegación de Caracas ante la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), opinó que el valor del "oro negro" debe mantenerse en una franja de oscilación "de entre 70 y 80 dólares" por barril.
Este ingeniero que fue ministro de Petróleo entre 2002 y 2013, bajo el Gobierno del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, admitió desde Roma que no sabe cuál será el resultado de la próxima conferencia ministerial que la OPEP tiene previsto celebrar el próximo jueves con Rusia y otros productores independientes aliados.
La cuestión es si modificarán o mantendrán el plan vigente, que prevé incrementar el bombeo conjunto del grupo de 23 países en 400.000 barriles diarios (bd) cada mes, un volumen que Washington ya ha calificado de insuficiente para frenar la inflación y apoyar el crecimiento económico.
AUMENTO ESTRATÉGICO DE LA OFERTA
Ramírez estima que sería adecuado duplicar el citado incremento, -con aumentos de 800.000 bd por mes-, acelerando así la vuelta al mercado de los barriles retirados con el gran recorte de producción, de 9,7 millones de bd, que la alianza OPEP+ (OPEP y aliados) puso en marcha el año pasado en respuesta a la crisis del coronavirus.
En su opinión, los productores de petróleo afrontan un momento clave debido a las actuales tensiones en los mercados energéticos y las crecientes medidas contra el cambio climático, por lo que deberían adoptar una medida "estratégica".
"La OPEP debe pensar desde el punto de vista estratégico cómo seguir fortaleciendo la posición de los hidrocarburos en toda la cadena de suministros energéticos para el mundo. Esa es la pelea que tiene que dar", declaró.
El experto, al que algunos llamaban "el zar del petróleo" por el poder que manejaba al diseñar la política de PDVSA cuando esa estatal era la mayor empresa de América Latina, alertó de los riesgos que conllevan "petroprecios" demasiado altos.
No solo por su efecto negativo en la economía y en la demanda de crudo, sino también porque incentivan la producción rival y el desarrollo de fuentes alternativas, lo que a su vez amenaza con turbulencias en los mercados energéticos.
Se trata de unir dos objetivos: "Que los países avancen en sus planes de reducción de emisiones" de efecto invernadero (CO2), pero logrando que "una transición energética sea algo planificado y con objetivos creíbles y alcanzables", afirmó Ramírez.
¿TURBULENCIAS POR EL CLIMA?
En su visión, la actual crisis en el sector energético, con un encarecimiento inédito del gas este año, es una "muestra clara" de que "las economías industrializadas van a depender todavía por mucho más tiempo de los hidrocarburos".
Ramírez coincidió con el secretario general de la OPEP, Mohamed Barkindo, quien recientemente advirtió de un creciente riesgo de problemas futuros de suministro asociado a la caída de las inversiones en la industria del petróleo y el gas.
"Toda esta retórica por el cambio climático ha generado desinversión en el sector de la energía", una tendencia acentuada durante la pandemia de la covid, que paralizó la economía, recordó.
El experto latinoamericano auguró que las grandes potencias, especialmente EE. UU. y China, no van a arriesgar que la lucha contra el cambio climático perjudique su competitividad económica.
Por lo tanto, "si los inversores no tienen interés en invertir en hidrocarburos, entonces los países petroleros deben concentrar sus fondos y mecanismos de financiación para mantener una producción estable que permita atender la demanda", indicó.
Ramírez, quien también ocupó la cartera de Exteriores de Venezuela (2015-2016) y fue embajador de su país ante la ONU en Nueva York (2016-2017), afirma que es objeto de una "persecución" por parte del Gobierno del actual presidente venezolano, Nicolás Maduro.
En septiembre de este año, la Justicia italiana rechazó extraditarlo a Venezuela, como pedía Caracas para que fuera sometido a un proceso penal por presunta corrupción, acusaciones que el expresidente de PDVSA rechaza.