WASHINGTON D.C. - La Securities and Exchange Commission (SEC) ha imputado a 17 individuos relacionados con CryptoFX LLC, una empresa con sede en Texas, por orquestar un esquema Ponzi que amasó 300 millones de dólares estafando a más de 40.000 inversores, principalmente dentro de la comunidad latina. La acción legal de la SEC, anunciada hoy, sigue a una intervención de emergencia en septiembre de 2022 que inicialmente desbarató la operación fraudulenta e imputó a los principales operadores de la firma, Mauricio Chávez y Giorgio Benvenuto.
El esquema, que se extendió desde mayo de 2020 hasta octubre de 2022, involucró a individuos de Texas, California, Luisiana, Illinois y Florida, que actuaron como líderes de la red CryptoFX. Supuestamente prometieron a los inversores rendimientos de entre el 15 y el 100 por cien a través del comercio de criptoactivos y divisas. Sin embargo, la denuncia de la SEC alega que la mayoría de los fondos no se utilizaron para operar, sino que se desviaron para pagar a inversores anteriores y para el enriquecimiento personal, incluidas comisiones y bonificaciones para los acusados.
La denuncia también detalla que dos acusados, Gabriel y Dulce Ochoa, siguieron solicitando inversiones incluso después de las órdenes judiciales de detener la estafa, y que Gabriel Ochoa dio instrucciones a los inversores para que retiraran sus denuncias ante la SEC para recuperar sus inversiones. Otra de las acusadas, María Saravia, habría engañado a los inversores afirmando que la demanda de la SEC era una invención.
Los cargos de la SEC contra los Ochoa, Saravia y otros acusados incluyen violaciones de las disposiciones antifraude, de registro de valores y de registro de corredores de las leyes federales sobre valores. Además, Gabriel Ochoa está acusado de violar las disposiciones de protección de los denunciantes. La SEC solicita medidas cautelares permanentes, el reembolso con intereses de demora y sanciones civiles contra cada uno de los acusados.
Dos de las personas acusadas, Luis Serrano y Julio Taffinder, sin admitir ni negar las acusaciones, han dado su consentimiento a las sentencias definitivas que les prohíben futuras violaciones de las leyes de valores pertinentes y han acordado pagar un total combinado de más de 68.000 dólares en sanciones, restitución e intereses.
La investigación de la SEC, dirigida por la Oficina Regional de Fort Worth, continúa mientras se llevan a cabo litigios en busca de justicia para las víctimas. Este caso sirve para recordar los riesgos asociados a las ofertas de inversión no registradas y la importancia de verificar la legitimidad de las oportunidades de inversión.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de la Securities and Exchange Commission.
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