Bruselas, 23 ene (.).- El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea anunció este lunes que examinará las medidas adoptadas por el Ejecutivo comunitario para garantizar que solo reciban fondos europeos los países que respetan el Estado de derecho.
El estudio analizará la situación en Bulgaria, Grecia, Italia, Hungría, Polonia y Rumanía, precisaron los auditores en un comunicado.
La auditoría se centrará en los fondos de la política europea de cohesión y en la financiación destinada a la recuperación tras la pandemia de COVID-19.
El objetivo es en particular examinar si la Comisión Europea ha protegido eficazmente los intereses financieros de la UE frente a posibles vulneraciones de los principios del Estado de Derecho.
La auditoría se centrará en tres ámbitos, empezando por la aplicación del Reglamento de la UE sobre condicionalidad (mecanismo para condicionar el desembolso de fondos al respeto de los valores y principios del Estado de Derecho).
También pondrá la lupa sobre las normas relativas a los fondos de la política de cohesión para 2021-2027 y las relativas al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, un instrumento destinado a conceder subvenciones y préstamos para apoyar reformas e inversiones en los Estados miembros.
"La violación de los principios del Estado de Derecho, como la ausencia de una investigación adecuada de la corrupción o la falta de independencia judicial, puede tener importantes consecuencias financieras dentro de la UE y dar lugar a malversación de fondos de la Unión en los Estados miembros", dijo Annemie Turtelboom, miembro del tribunal que dirige la auditoría.
El Estado de derecho es uno de los valores fundamentales de la UE: significa que todos los miembros de la sociedad son iguales ante la ley, que los tribunales actúan de manera imparcial e independiente, y que existe una separación de poderes.
La UE ha desarrollado una combinación de instrumentos legales, financieros y de supervisión, así como otros mecanismos, para hacer que se respete el Estado de Derecho, tales como el mecanismo de cooperación y verificación, los procedimientos de infracción y los informes anuales sobre el Estado de Derecho.
Además, en 2020 aprobó normas de condicionalidad para proteger la buena gestión financiera del presupuesto de la UE en conjunto.
En determinadas condiciones, estas normas exigen que se suspenda, reduzca o restrinja el acceso a la financiación de la UE a los países que hayan vulnerado gravemente los principios del Estado de derecho.
Hasta ahora estas medidas de protección se han aplicado únicamente a Hungría (en diciembre de 2022) mediante una suspensión del 55 % de los fondos que debía recibir en virtud de los tres programas de cohesión de la UE.
Las normas financieras que rigen los fondos de la política de cohesión y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que representa la mayor parte del paquete de medidas de recuperación de la UE, prevén salvaguardias adicionales del Estado de Derecho.