Madrid, 25 abr (.).- La fiscal Elena Lorente debe ratificar o modificar este viernes su informe de acusación en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Madrid por el origen de la fortuna de Rodrigo Rato, al que inicialmente atribuyó once delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios.
En la recta final del juicio que comenzó el pasado mes de diciembre, y una vez concluidas las fases testificales, periciales y las declaraciones de los acusados, es el turno de que la Fiscalía se ratifique en su informe inicial o retire alguno de los cargos, que le pueden suponer al exvicepresidente del Gobierno penas de hasta 70 años de cárcel.
Entre las cuestiones que se han abordado en las 46 sesiones del juicio figura si, siendo presidente de Caja Madrid-Bankia -entre enero de 2010 y mayo de 2012- Rato cobró indebidamente comisiones procedentes de los contratos de publicidad que la entidad bancaria firmó con las empresas de publicidad Publicis y Zenith relativos a la fusión, la imagen de marca y la salida a bolsa de la entidad.
Según sostiene la Fiscalía, dichas comisiones se canalizaron desde una sociedad interpuesta, Albisa, propiedad de Alberto Portuondo, que también figura como acusado, y que había sido contratado como asesor en Bankia (BME:BKIA).
Siempre según el ministerio público, una parte de la comisión (835.059,97 euros) que cobró Portuondo llegó a la sociedad Kradonara, epicentro de la trama societaria de Rato, bajo un supuesto contrato de asesoría.
Asimismo, sostiene que Rato mantuvo un patrimonio oculto a la Hacienda española a través de diversas sociedades extranjeras -Red Rose Investment, Red Rose Finantial, Wescastle y Vivaway-.
La Fiscalía aseguraba en su escrito haber identificado incrementos patrimoniales no justificados entre 2005 y 2015 por un importe total de 15,6 millones de euros, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior tampoco declarados a Hacienda, y 7,4 millones defraudados a la Agencia Tributaria.
A esta última cifra habría que añadir la tributación de servicios profesionales a través de sus sociedades, con lo que las cuotas defraudadas ascenderían a 8,5 millones de euros.
Todas las imputaciones han sido rechazadas por el exbanquero, que pidió además al inicio de la vista la nulidad del procedimiento por haberse obtenido los documentos en los que se basa la acusación mediante un procedimiento de entrada y registro que no contó con las garantías necesarias, al no estar presente un juez.