Túnez, 11 abr (.).- El consejo directivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) fijará una nueva fecha para examinar el crédito de 1.900 millones de dólares para Túnez pese a que el presidente Kais Said rechazó días antes los "dictados del exterior" mientras el país se enfrenta a una inminente bancarrota.
En declaraciones a la agencia estatal TAP, el departamento de comunicación del FMI señaló este lunes que se fijará la fecha en consulta con las autoridades tunecinas tras observar el "progreso" realizado por el gobierno en la implementación del programa de reformas y reiteró que el éxito de éste requiere el apoyo de las diversas partes activas del país.
Una delegación tunecina, que incluye al gobernador del Banco Central de Túnez (BCT), Marouane Abbasi, y el ministro de Economía, Samir (CSE:SAM) Saïed, participa del 10 al 16 de abril en las reuniones de primavera del Grupo del Banco Mundial (GBM) y el FMI en Washington. Sin embargo, la ministra de Finanzas, Sihem Boughdiri Nemsia, estará ausente durante este encuentro.
Said- que se arrogó plenos poderes en julio de 2021- rehusó el pasado jueves las condiciones de la institución financiera y aseguró que su país "no recibe instrucciones ni órdenes del exterior", lo que provocó que los bonos del Estado se desplomaran todavía más. Como alternativa, el mandatario aseguró poder "contar con sus propios recursos" aunque no reveló cuáles.
El FMI esperaba la ratificación del jefe del Estado para la aprobación final- pendiente desde que se desprogramara su examen en diciembre sin motivos oficiales- pero Said no se había pronunciado hasta ahora al respecto.
El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, pidió la semana pasada en Túnez "priorizar" este acuerdo para permitir la asistencia adicional de socios internacionales, incluida la Unión Europea.
El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, alertó el pasado mes de marzo del posible "colapso económico y social" mientras Italia multiplica sus declaraciones públicas a favor del país vecino con el fin de estabilizarlo y evitar el aumento de los flujos migratorios.
Túnez negocia este préstamo- el tercero de la última década- para afrontar una deuda pública récord que alcanza el 90% del PIB, a cambio de un paquete de reformas que incluyen la retirada de las subvenciones de productos de primera necesidad y carburantes, la privatización de algunas empresas estatales y la reducción de la masa salarial de la Administración.
El poderoso sindicato UGTT criticó la reducción del gasto público en más de un 23% en el presupuesto estatal de este año 2023 y amenazó con movilizaciones en caso de no alcanzar un consenso político.
La consecuencias de la pandemia y la invasión rusa de Ucrania han ejercido aún más presión sobre la economía tunecina, con una inflación superior al 10%, la más alta en tres décadas, y desabastecimientos intermitentes de productos básicos como el azúcar y el café.