Por Julien Toyer
MADRID (Reuters) - La larga investigación de los tribunales sobre la salida a bolsa de la estatal Bankia ha dado un giro que podría impulsar demandas de hasta 3.000 millones de euros y poner en peligro algunos de los planes futuros de la entidad.
Según una investigación pericial hecha pública el jueves, las cuentas de Bankia en su polémica salida a bolsa de 2011 no reflejaban la imagen fiel de la entidad ni tampoco sus estados contables, lo que podría abrir nuevas vías de reclamación judicial.
"Desde nuestro punto de vista, el informe pericial aumenta el riesgo de futuras demandas por parte de los inversores que acudieron a la salida a bolsa de la entidad", dijeron los analistas de Bankinter.
"En caso de que dicho evento se produzca, estimamos que el impacto en la valoración del banco sería importante, ya que el importe captado en la salida a bolsa, en torno a 3.000 millones de euros, representa el 19,5 por ciento de la capitalización bursátil y tres veces el beneficio neto estimado para 2014".
La colocación, bajo la batuta del imputado Rodrigo Rato, atrapó a centenares de miles de pequeños ahorradores que compraron acciones a 3,75 euros por título y que solo diez meses después sufrieron la intervención estatal de la entidad. Una posterior reformulación de cuentas y la dilución por la toma de control del Estado llevó a estos inversores a perder casi el 100 por ciento de la inversión y a presentar demandas en los tribunales.
Las acciones de Bankia acumulan desde que se conociese la víspera el informe pericial una pérdida de casi un ocho por ciento.
Bankia fue uno de los casos emblemáticos de la crisis en España al requerir ayudas de 22.000 millones de euros y disparar el rescate europeo del sector, pero también se utilizó como imagen de la recuperación, al dar la vuelta al balance y volver a beneficios en 2013 con un proceso de saneamiento ejemplar. En las recientes pruebas de resistencia a la banca en Europa, la entidad se situó en el tercer puesto de la solvencia en España.
El banco esperaba completar su plan de reestructuración en 2015, dos años antes de lo previsto, y volver a pagar dividendos el año próximo también con nuevas ventas de paquetes accionariales por parte del Estado en un horizonte más o menos cercano.
Una fuente próxima al banco reconoció que el avance del proceso, que se promete largo, es una mala noticia para la entidad al introducir incertidumbre sobre si tendría que hacer nuevas compensaciones a accionistas, aunque confía en que sus planes estratégicos no se vean afectados.
"El plan estratégico se diseñó teniendo en cuenta demandas judiciales e incluso en el peor escenario, la entidad podría soportar tener que devolver 3.000 millones de euros. En ese caso habría que ver quién tiene que pagar, si Bankia o el Estado", dijo la fuente.
Para algunos analistas el estatal FROB, que acumula las participaciones estatales en los bancos nacionalizados y es, por tanto, el mayor accionista de Bankia, puede ser quien asuma el riesgo de las demandas.
Aunque los analistas coinciden en que el riesgo - equivalente al 20 por ciento de la capitalización de la entidad- es todavía bajo por la lentitud del proceso y que incluso es posible que no sea asumido por el banco, coinciden en su efecto negativo para la cotización de la entidad.
El Estado, que retiene todavía un 60 por ciento del capital de Bankia comprado a 1,35 euros por acción, no tiene planes de volver a poner las acciones a disposición del público hasta una recuperación sustancial. Un alto cargo con conocimiento de los planes dijo a Reuters que el Gobierno esperaría al menos a que la cotización alcanzase los 1,6 euros por acción.