Barcelona, 10 nov (.).- La jueza ha enviado a juicio a la empresa Iqoxe y a tres de sus exdirectivos por la explosión ocurrida en esta fábrica química de Tarragona en 2020, que causó tres muertos, y les reclama que depositen en el plazo de veinticuatro horas una fianza de 20 millones de euros para cubrir eventuales indemnizaciones.
En un auto, la titular del juzgado de instrucción número 1 de Tarragona ha abierto juicio oral contra Iqoxe y estos tres ex altos cargos de la empresa, acusados de varios delitos, entre ellos tres homicidios imprudentes.
En concreto, la jueza sienta en el banquillo de los acusados a la empresa como persona jurídica, al que era por aquel entonces consejero delegado de la fábrica -J.L M.G-, a su número dos -J.M R.P- y al exresponsable de seguridad -G.A.M-.
El accidente ocurrió el 14 de enero de 2020 al explotar un reactor de la planta, lo que causó la muerte de dos trabajadores y la de un vecino de un barrio tarraconense, alcanzado por uno de los fragmentos que salió despedido, y causó también lesiones a otras trece personas.
Además de tres delitos de homicidio imprudente, la magistrada les acusa de diez delitos de lesiones imprudentes, tres de lesiones leves imprudentes, uno de daños imprudentes, uno de funcionamiento habitual de la empresa en condiciones inadecuadas de seguridad y otro contra los derechos de los trabajadores.
La jueza, en su auto, apunta asimismo a la compañía de seguros AIG (NYSE:AIG) Europa y a Iqoxe como responsables civiles directos del accidente mortal en esta empresa química.
La magistrada adopta también varias medidas cautelares, en las que acuerda mantener la situación personal de los acusados, que se encuentran en libertad, pero les reclama que en el plazo de 24 horas depositen una fianza de 20 millones de euros en concepto de responsabilidad civil.
En el caso de no ingresar la fianza requerida, se actuará conforme a lo legalmente establecido, subraya el auto.
La jueza da un plazo de 20 días para que los acusados presenten un escrito de conformidad o disconformidad con la acusación formulada.
En el auto con el que la jueza cerró la investigación el pasado mes de junio, se concluye que el accidente se debió a las "deficientes condiciones de la fábrica", porque priorizó la rentabilidad a la seguridad.
En este sentido, apuntó que el accidente fue fruto de una "política empresarial de aumento de la producción y reducción de costes", lo que derivó en una falta de condiciones de seguridad laboral e industrial y una plantilla insuficiente para trabajar con medidas de seguridad.
Tras recordar que se trató del accidente químico más grave ocurrido en Europa, la jueza señaló en aquel auto que éste supuso un grave riesgo para la población, dada la "peligrosidad" de las sustancias almacenadas y el posible "efecto dominó" si hubiera explotado el depósito de óxido de propileno de la planta.
Según la magistrada, en ese accidente los planes de emergencia no funcionaron por la "descoordinación" de las administraciones.
La jueza responsabiliza del accidente a la que por aquel entonces era la nueva dirección de Iqoxe, tras la compra de la planta de 2014, por "desplegar una política empresarial que llevaba a realizar una actividad de alto riesgo sin las debidas condiciones de seguridad".
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