Madrid, 14 sep (.).- La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) rechaza la posibilidad de que el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), actualmente vigente para el período 2017-2021, pueda prorrogarse un año y retrase el mismo lapso el segundo, que está previsto para el quinquenio 2022-2026.
Según la asociación, que aglutina el 85 % del tráfico aéreo en España, este retraso añadiría más incertidumbre a un sector que requiere de estabilidad y certidumbre en los próximos años, que serán clave para su recuperación.
En un comunicado, ALA sostiene que la posibilidad de retrasar un año la aprobación del segundo DORA ha surgido después de que el Gobierno anunciase la suspensión de la ampliación del aeropuerto de Barcelona El Prat prevista en dicho documento y que contaba con una inversión de 120 millones de euros de los 1.700 millones contabilizados para acometer esta obra en el horizonte 2030.
Con todo ello, se busca dar 12 meses adicionales a las negociaciones entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña para acercar posturas sobre este proyecto.
El presidente de ALA, Javier Gándara, ha apuntado que prorrogar el actual DORA iría en contra del espíritu de la propia regulación aeroportuaria, que es el de construir un marco de estabilidad y predictibilidad en los próximos cinco años.
Además, sostiene que dejaría abierto el segundo DORA, habría que retomar los procesos de consultas y comenzar de nuevo casi de cero.
"Nos encontramos ya inmersos en un período de gran incertidumbre, con una recuperación del sector aéreo incierta que, en el mejor de los casos, se producirá en 2023 o 2024. Frente a esta situación, lo que el sector aéreo necesita es certidumbre y la mayor visibilidad posible en el tiempo sobre las actuaciones previstas en nuestros aeropuertos para los próximos años”, ha afirmado.
Además, ha señalado que no solamente es importante mantener el calendario previsto para el DORA II -que debe ser aprobado antes del 30 de septiembre- sino que el sector necesita una bajada de tarifas aeroportuarias, tal y como ha propuesto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).