Santiago de Compostela, 9 feb (.).- El presidente y consejero delegado de Ence (BME:ENC), Ignacio Colmenares, ha avanzado este jueves que la sentencia del Tribunal Supremo a favor de la permanencia hasta 2073 de su fábrica en Pontevedra no se puede recurrir, "es firme", y tendrá un impacto positivo en su beneficio neto de 2022 de 169 millones de euros tras las pérdidas de 2021.
Durante su intervención telemática con analistas e inversores a raíz de la decisión del Supremo de avalar la legalidad de la prórroga de la concesión de la biofábrica que la compañía tiene en Lourizán hasta 2073, Colmenares ha dado cuenta de la repercusión positiva que tendrá esta decisión en las cuentas de la compañía.
Según la empresa, el impacto positivo estimado es de aproximadamente 169 millones en el beneficio neto de 2022, lo que supone un alivio para la compañía como reversión “de los deterioros de activos” registrados en 2021 como consecuencia de las sentencias de la Audiencia Nacional contra la planta de Pontevedra.
Sin embargo, en palabras de Colmenares, la sentencia del Supremo “es definitiva”, por lo que “desde toda perspectiva legal hoy nuestra concesión es firme”, aunque no conocerán la totalidad del fallo hasta dentro de los “próximos días”.
Según ha explicado, aunque los colectivos contrarios a la permanencia de la planta en la ría de Pontevedra pueden intentar llevar el fallo al Tribunal Constitucional o incluso a Europa, los representantes legales de Ence “están seguros” de que no hay forma de recurrir, aunque Colmenares ha abogado por el diálogo con los actores sociales de la zona.
En base a ello, el responsable de Ence ha asegurado que “paso a paso” y en los próximos diez años realizará inversiones en la fábrica de Pontevedra por importe de 130 millones para operar con los máximos “estándares de calidad y sostenibilidad".
Colmenares ha ratificado la intención de la empresa de crecer en Galicia y ha reiterado que, pese a permanecer en Pontevedra, la empresa prevé abrir en As Pontes (A Coruña) una nueva planta de producción de fibra reciclada con el objetivo de que pueda funcionar en 2026.
Este proyecto se enmarca en una iniciativa “de transición justa y de bioeconomía circular", que la compañía ya ha abordado con el Gobierno autonómico de Galicia.
Tras el fallo del Tribunal Supremo sobre la legalidad de su concesión, la compañía anunció que desbloquearía todas las actuaciones proyectadas en el complejo industrial.
El documento elaborado por Ence a tal efecto, y presentado ante la CNMV, señala que estas inversiones, tanto recurrentes como singulares, "están diseñadas para continuar operando con los mejores estándares de calidad y sostenibilidad" en una fábrica que, según defienden, "es un ejemplo de bioeconomía circular".
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