Madrid, 21 jun (.).- Altos ejecutivos de Colonial (BME:COL), Aedas Homes (BME:AEDAS), Merlin (BME:MRL) y Testa (BME:TST), así como de Anticipa y de Aliseda, han cargado contra la Ley de Vivienda, que ven electoralista e innecesaria si no hay verdadera política de vivienda, y confían en que se modifique si hay un cambio político tras las elecciones generales.
"Esperamos que o por cambio político o por cambio de raciocinio de los políticos que actualmente gobiernan cambie esta ley" -que se desbloqueó y entró en vigor justo antes de las elecciones autonómicas y municipales- , ha demandado el consejero delegado de Anticipa y de Aliseda, Eduard Mendiluce en el marco de una jornada inmobiliaria organizada por Esade.
"La ley de vivienda tiene que existir si hay una política de vivienda. Aquí no hay una política de vivienda sino que se hace política con la vivienda de la gente", ha apuntado el directivo de Merlin y vicepresidente de Testa Homes, Miguel Oñate.
"No nos hace falta una ley, sino 2 millones de viviendas", ha apuntado el consejero delegado de la promotora Aedas Homes, David Martínez, mientras que la directora general de Colonial, Carmina Ganyet, ha agregado que "no podemos hacer experimentos políticos, sino dar herramientas eficaces y realistas".
Durante su intervención, Mendiluce ha asegurado que teniendo en cuenta las previsiones migratorias, que apuntan a la llegada de 200.000 familias (400.000 personas) anuales a partir del año que viene, hay una demanda acuciante de vivienda, un problema que no resuelve la actual ley.
Además, ha subrayado que el control de precios que introduce es una medida "antiprogresista", ya que reduce la oferta y perjudica a los más necesitados, y que hay un problema de dotación presupuestaria, que saldría gratis si se tienen en cuenta las externalidades negativas que se generan, por ejemplo, con la ocupación ilegal de viviendas.
Por ello, ha abogado por mecanismos de colaboración público-privada y por agilizar la gestión urbanística, que actualmente presenta duplicidades y triplicidades administrativas.
TRITURADORA DE LA OFERTA
Oñate ha apuntado que esta ley ha nacido del disenso entre el propio gobierno, el parlamento y el sector, que tiene un marcado signo electoral y cortoplacista, que "tritura" la oferta, es absolutamente intervencionista y cuenta con la oposición de todos los expertos reputados del sector y las compañías que atesoran una dilatada experiencia en el sector.
Además, la criticado las medidas en materia de desahucios ya que entiende que suspenden un derecho constitucional y bloquean los lanzamientos ya que obligar al juez a poner día y hora favorece que exista una oposición física al mismo, y obligar al propietario a determinar aspectos del "okupa" que no conoce, por ejemplo, si es vulnerable o si es su primera vivienda, introduce una prueba "diabólica" que hace inviable la presentación de demandas.
FALTA DE SEGURIDAD JURÍDICA
Por su parte, Martínez ha añadido que esta ley no invita a la llegada de inversiones en el sector, al que se lo ponen muy difícil si no hay un marco seguro y estable.
Ha recordado que es una industria tremendamente intensiva en capital y dado que España es un país pobre con una alta deuda pública y privada necesitan que venga el capital de fuera y hay que tener cuidado con la legislación que se aprueba y con los mensajes políticos que se mandan.
Además, ha reclamado seguridad jurídica en la transformación de los suelos y flexibilidad en su tramitación.
Ganyet ha coincidido en que la ley es tremendamente proteccionista con el inquilino mientras deja desprotegido al propietario en los procesos de desahucios, crea zonas desiguales y recoge una intervención de precios que no ha funcionado donde se ha aplicado.
Por ello, se ha preguntado si con esta ley se ha perdido una oportunidad única para solucionar los problemas de acceso a la vivienda y urge a que se haga un buen diagnostico sin sesgos ni ideologías, más allá de una legislatura, que cuente con la colaboración de todo el sector.