Por Andrés González y Jose Elías Rodríguez
MADRID (Reuters) - El Gobierno español está estudiando fórmulas para evitar asumir el coste del rescate del almacenamiento de gas Castor y ha encargado a Enagás que estudie con la banca fórmulas alternativas para que la compensación que se pagaría a la sociedad gestora no compute en el déficit público, dijeron dos fuentes conocedoras de las conversaciones.
Si la renuncia a la infraestructura se ejecuta tal y como está previsto en la legislación actual, el Gobierno tendría que abonar antes de diciembre a Escal, controlada por la constructora ACS, unos 1.400 millones de euros en concepto de compensación, suma que a su vez la concesionaria del almacén tendría que devolver a los bonistas que financiaron el proyecto.
Sin embargo, esta vía computaría como déficit y deuda públicas, lo que ha forzado al Ministerio de Industria a buscar una solución alternativa.
Según las dos fuentes consultadas, esta pasaría porque el gestor de la red gasista española actuase como una suerte de intermediario con varias entidades que financiarían el rescate de la paralizada infraestructura, recuperando gradualmente la inversión a través de la factura que pagan los consumidores españoles de gas.
"Se le ha pedido a Enagás que sea intermediario para que los bancos financien el rescate del almacenamiento y que los bancos reciban derechos de cobro del sistema gasista en pago. Esta solución sería neutra para el balance de Enagás", explicó una de las fuentes.
Esta añadió que, aunque todavía no hay nada cerrado, esta fórmula se aprobaría en forma de ley en un próximo consejo de ministros.
Una portavoz del Ministerio de Industria se limitó a decir que el Gobierno está valorando el caso y que se están estudiando "diferentes opciones para el futuro de esta instalación".
Enagás rehusó hacer comentarios mientras que un portavoz de ACS tampoco realizó comentarios sobre la información adelantada por elConfidencial.com.
El ministerio dirigido por José Manuel Soria suspendió la actividad de Castor hace un año por haberse asociado el comienzo de su uso a centenares de movimientos sísmicos en las costas de Tarragona y Castellón.
Los accionistas de Escal, ACS y la canadiense Dundee Energy renunciaron a finales de junio al almacenamiento, que estaba financiado con una emisión de bonos por 1.400 millones de euros avalada parcialmente por el Banco Europeo de Inversiones (BEI).
El Ministerio de Industria intentó con un recurso al Tribunal Supremo evitar el pago de una compensación en caso de extinción del contrato, pero el alto tribunal lo desestimó, estableciendo que si no hay negligencia o "dolo" atribuible a la empresa, y la instalación está en funcionamiento, el Estado tendría que asumir el activo e indemnizar a los dueños de Escal por el valor neto contable, que ascendería presumiblemente a las inversiones realizadas por la concesionaria.
Con la solución que está articulando, Enagás se limitaría a encargarse de la hibernación y eventual desmantelamiento de la instalación en un futuro, explicaron ambas fuentes, que señalaron que en la operación estarían implicados bancos nacionales e internacionales.
En última instancia, serán los consumidores del sistema gasista los que asuman el coste de una instalación que difícilmente podrá ponerse en funcionamiento en los próximos años.
De hecho, la reciente reforma del mercado gasista incluía ya en sus previsiones de déficit la remuneración del almacenamiento, por lo que estaba ya descontado que los consumidores iban a ser los que pagarían la instalación mediante la tarifa.