Por Daniel Wiessner
30 abr (Reuters) - Un grupo de trabajadores de Google, de Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc., presentó una denuncia ante una junta laboral estadounidense alegando que la empresa tecnológica los despidió ilegalmente por protestar contra su contrato de nube con el Gobierno israelí.
La denuncia fue presentada a última hora del lunes ante la Junta Nacional de Relaciones de Trabajo de Estados Unidos (NLRB, por su sigla en inglés), según No Tech For Apartheid, un grupo afiliado a algunos de los trabajadores. El grupo dijo que la denuncia alega que al despedir a los trabajadores, Google interfirió con sus derechos bajo la ley laboral de Estados Unidos para abogar por mejores condiciones de trabajo.
Reuters no pudo obtener inmediatamente una copia de la demanda. Google no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
Google comunicó este mes que había despedido a 28 empleados que interrumpieron el trabajo en oficinas no especificadas mientras protestaban por el Proyecto Nimbus, un contrato de 1.200 millones de dólares adjudicado conjuntamente a Google y Amazon.com (NASDAQ:AMZN) para suministrar servicios en la nube al Gobierno israelí.
Los trabajadores afirman que el proyecto apoya el desarrollo de herramientas militares por parte de Israel. Google ha dicho que el contrato Nimbus "no está dirigido a cargas de trabajo altamente sensibles, clasificadas o militares relevantes para los servicios de armamento o inteligencia".
Zelda Montes, exempleada de Google que fue detenida durante una protesta contra el Proyecto Nimbus, afirmó en un comunicado que Google despidió a trabajadores para reprimir la organización y enviar a su plantilla el mensaje de que no se toleraría la disidencia.
"Google intenta infundir miedo a los empleados", afirmó Montes.
Los trabajadores que presentaron la denuncia ante la NLRB pretenden que se les restituya en sus puestos de trabajo, se les paguen los salarios atrasados y Google declare que no violará el derecho de los trabajadores a organizarse.
El Consejo General de la NLRB, que actúa como fiscal, examina las quejas e intenta resolver las reclamaciones que considera fundadas. Si fracasa, el consejero general puede llevar los casos ante jueces administrativos y una junta de cinco miembros nombrados por el presidente de Estados Unidos.
(Reporte de Daniel Wiessner en Albany, Nueva York; Editado en español por Héctor Espinoza)