Gaspar Ruiz-Canela
Bangkok, 30 ene (.).- Un año después del golpe militar en Birmania (Myanmar), el país se encuentra sumido en una profunda crisis con un aumento de la pobreza, la salida incesante de empresas como Total y Chevron (NYSE:CVX) y un régimen aislado en medio del boicot y las sanciones económicas.
La covid-19 también ha contribuido al empeoramiento de la economía, que cayó un 18 por ciento en el año fiscal hasta el pasado septiembre, mientras se intensifica el conflicto armado y la crisis humanitaria desde el golpe liderado por el general Min Aung Hlaing el 1 de febrero de 2021.
En medio de un rechazo generalizado al golpe, el movimiento de desobediencia civil y las huelgas han afectado al funcionamiento del sector sanitario, la educación y hasta la banca.
"El doble impacto de la covid-19 y el golpe han devastado la economía de Birmania, con millones de personas que han perdido sus trabajos o su fuente de ingresos en el año pasado", indicó esta semana el analista de Crisis Group Richard Horsey.
"Una gran proporción de la población, también en las ciudades, ha caído en la pobreza y la inseguridad alimenticia, borrando de golpe una década de progreso e infligiendo un coste terrible en los más vulnerables", señaló el analista en un artículo.
ECONOMÍA GRAVEMENTE DÉBIL
El pasado miércoles, el Banco Mundial señaló en un comunicado que hay indicios de cierta estabilización económica en algunos sectores como el manufacturero, el empleo y las exportaciones en Birmania y prevé que su PIB crezca un 1 por ciento en el año fiscal hasta septiembre.
Sin embargo, subrayó que los pronósticos van en línea con una "economía gravemente débil, alrededor de un 30 por ciento más pequeña de lo que sería en ausencia de la pandemia de covid-19 y de no haber ocurrido el golpe".
Según la ONU, la pobreza puede duplicarse este año hasta los 25 millones de personas, casi la mitad de la población, debido a la pandemia y el golpe militar, mientras que 320.900 civiles han tenido que abandonar sus hogares en el último año, que se suman a 340.000 desplazados internos antes del levantamiento militar.
La junta militar, oficialmente el Consejo de Administración Estatal, tiene una visión más optimista y el pasado jueves precisó en un comunicado que en el último año ha aprobado inversiones extranjeras por valor de 3.820 millones de dólares (unos 3.430 millones de euros).
El principal socio inversor de Birmania es China, seguido de otros como Japón, Singapur, Corea del Sur, Tailandia y Rusia.
La junta reconoció que la economía cayó en 2020-2021 un dígito, lo que comprende entre el 1 y el 9 por ciento, pero aseguró que este año se producirá una "modesta recuperación" gracias a la estabilidad y la vacunación contra la covid-19.
"La recuperación económica es una prioridad mientras el país se recupera de una doble crisis y se prepara para unas elecciones plurales que tendrán lugar en agosto de 2023", indicaron los dirigentes castrenses.
REPRESIÓN VIOLENTA
Tras el levantamiento militar contra el Gobierno democrático de Aung San Suu Kyi, miles de birmanos salieron a las calles para exigir democracia en medio de un movimiento de desobediencia civil, que fue respondido con una violenta represión por las fuerzas de la junta militar.
Los militares justifican el golpe por un supuesto fraude electoral en las elecciones de noviembre de 2020, en las que arrasó el partido de Suu Kyi, como hizo en 2015, pero los observadores nacionales e internacionales dieron su aval a los comicios.
Desde entonces, la violencia de los soldados y los policías birmanos han causado cerca de 1.500 muertos, en su mayoría manifestantes pacíficos, mientras que más de 11.700 personas han sido arrestadas, incluida Suu Kyi, condenada a cuatro años de cárcel en medio de varios procesos judiciales opacos.
Empresas como la noruega Telenor (LON:0G8C), la japonesa Kirin (T:2503), la francesa Total y la estadounidense Chevron han salido o han anunciado su salida del país en medio de un deterioro de los derechos humanos.
Total y Chevron dejarán en los próximos meses la explotación del gas birmano, que genera en el país unos beneficios anuales estimados en más de 1.000 millones de dólares (890 millones de euros) a través de la Empresa de Petróleo y Gas de Birmana (MOGE, en sus siglas en inglés).
ONG como Human Rights Watch han criticado que la Unión Europea, Estados Unidos o el Reino Unido no hayan impuesto sanciones contra MOGE, como lo han hecho en el caso de los conglomerados empresariales del Ejército y los propios dirigentes castrenses.
BOICOT A LA JUNTA
Muchos birmanos están llevando a cabo su propia campaña de boicot contra las autoridades militares con acciones como no pagar la factura de la luz o no comprando productos de empresas del Ejército, como la cerveza Myanmar.
El grupo Economistas Independientes de Birmania señaló en julio que el boicot eléctrico estaba causando unas pérdidas mensuales de 100.000 millones de kyat (cerca de 61 millones de dólares).
Hein, un vendedor de comida callejera y aspirante a cineasta de 25 años, afirmó a Efe que él ha dejado de comprar productos de las empresas militares, pero reconoció que los birmanos más pobres no pueden permitirse pagar marcas más caras.
"Las clases más bajas no pueden permitirse el boicot porque (los productos de los militares) son los más baratos del mercado", explicó por teléfono desde Birmania.