Madrid, 28 ago (.).- El Tribunal Supremo entrará ahora a determinar si en la opa que lanzó el grupo constructor FCC (MC:FCC) sobre su filial Cementos Portland Valderrivas (MC:CPLN) en 2016 hubo un eventual conflicto de interés o si el método elegido para valorar el precio (6 euros) fue el adecuado y requería de un informe independiente.
El Alto Tribunal ha admitido a trámite los recursos de casación presentados tanto por FCC y Cementos Portland Valderrivas, como por la Abogacía del Estado en representación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) contra la sentencia de la Audiencia Nacional que dio en 2019 la razón a un accionista minoritario de la cementera (Luis Andrés).
En abril del pasado año, la Audiencia Nacional estimó el recurso interpuesto por Luis Andrés contra el acuerdo del consejo de la CNMV de 22 de diciembre de 2016 por el que se autorizó la opa para excluir de negociación a Portland, controlada por la constructora FCC.
La oferta, a 6 euros por acción, se presentó el 29 de julio de 2016 y fue admitida a trámite el 10 de agosto de dicho año.
La Audiencia concluyó que para fijar los 6 euros por acción no se utilizó por parte del Santander (MC:SAN) la metodología de precio equitativo, que recoge el "valor teórico contable", y que éste ha sido utilizado otras veces y siempre considerado adecuado por la CNMV.
Además, concluyó que dado que el Santander era el agente global de la financiación de FCC, avalista de la OPA e intermediario y liquidador de la operación, el banco tenía un "especial interés en que el precio de la OPA fuera lo más bajo posible".
Por ello, determinó que la actuación del banco al emitir el informe careció de objetividad y equidad, por no haber actuado bajo el principio del accionista minoritario.
Contra esta sentencia, el Supremo ha admitido ahora los recursos de casación presentados por FCC, Portland y la Abogacía del Estado, según consta en el escrito al que ha tenido acceso EFE.
FCC y su filial argumentan en su defensa que en el informe de valoración se expuso "sobradamente" el motivo por el que se consideró que no procedía aplicar el método del valor teórico contable y niegan que el que finalmente se empleó fuese residual en este tipo de operaciones.
Por otro lado, señalan que la ley obliga a que toda entidad que preste servicios de inversión y de asesoramiento de inversión establezca las medidas necesarias para impedir el flujo de información privilegiada entre sus distintas áreas de actividad, garantizando que cada una adopte manera autónoma sus decisiones evitando conflictos de interés.
Por su parte, el abogado del Estado indica que la CNMV constató que el precio de la oferta se ajustaba a los preceptos tal y como se argumentó y agrega que al método de valoración del "valor teórico contable" que defiende el accionista minoritario no debe dársele una mayor relevancia o que debe prevalecer frente a los otros.
También asegura que no puede descartarse el informe por no ser independiente, pues la ley no exige tal independencia, siendo la CNMV la que ha de valorar la suficiencia y razonabilidad de la justificación de la oferta.
En consecuencia, el Supremo determinará ahora si existió un eventual conflicto de interés, si entre los diferentes métodos de valoración del precio ofrecido en la OPA existe alguna preferencia o si la CNMV puede exigir la utilización de un método de valoración concreto.