Lima, 22 mar (.).- La ministra peruana de Cultura, Leslie Urteaga, declaró este viernes que el Ejecutivo es respetuoso de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos(CorteIDH) y que tomarán "las acciones que correspondan", después de que este tribunal condenó a Perú por la contaminación de una empresa metalúrgica en la ciudad andina de La Oroya.
"Somos respetuosos de lo que decida la CorteIDH, revisaremos y se tomarán las acciones que correspondan", declaró Urteaga a la emisora Exitosa sobre la sentencia emitida este viernes en la ciudad de San José.
La ministra aseguró que "la entidad competente va a revisarla y, de corresponder, se tomarán las acciones pertinentes".
No obstante, Urteaga pidió poner de relevancia que, como Gobierno, están insistiendo y siempre han "sido respetuosos y responsables".
"Para que las empresas cumplan con todo lo que corresponde para las exploraciones y explotaciones de los recursos y de todo el entorno", destacó.
Organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos como Amnistía Internacional, la Relatoría Especial de Derechos Económicos, Sociales Culturales y Ambientales (Redesca) y la Red Muqui de Perú saludaron la sentencia de la CorteIDH y la calificaron de histórica.
La CorteIDH encontró al Estado de Perú como responsable de la violación a los derechos al medioambiente sano, la salud, la integridad personal, la vida digna, el acceso a la información, la participación política, las garantías judiciales, la protección judicial, a los derechos de la niñez, y al derecho a la vida.
La Corte también concluyó que el Estado es responsable por la violación a la obligación del desarrollo progresivo debido a que adoptó medidas regresivas en la protección del medio ambiente.
La actividad del Complejo Metalúrgico La Oroya (CMLO) "ha tenido un impacto significativo en el medio ambiente, contaminando el aire, el agua y el suelo, al punto que en el año 2006 La Oroya fue catalogada como una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo", explicó la CorteIDH.
"La contaminación del aire en La Oroya ha superado considerablemente los respectivos lineamientos de la calidad del aire establecidos en la legislación nacional peruana, y ha producido la presencia de metales -plomo incluido- en la sangre de la población", aseguró el tribunal.
La sentencia indica que "el Estado incumplió con su deber de regulación y fiscalización de las actividades del CMLO" y que no brindó asistencia médica adecuada a las víctimas de la contaminación.
La información de la CorteIDH detalla que desde 1922 se instaló el CMLO en la comunidad de La Oroya, ubicada en la sierra central de Perú, dedicándose a la fundición y refinamiento de metales con altos contenidos de plomo, cobre, zinc y arsénico.
En 1974 el complejo metalúrgico fue nacionalizado y pasó a ser propiedad de la empresa estatal Centromin, pero en 1997 la compañía fue adquirida por la firma privada Doe Run Perú.
La CorteIDH ordenó a Perú realizar un diagnóstico de línea base para determinar el estado de la contaminación del aire, agua y suelo en La Oroya, el cual debe incluir un plan de reparación de daños ambientales; y brindar atención médica gratuita a las víctimas de este caso.
Además, ordenó al Estado que compatibilice la normativa que define los estándares de calidad del aire, con el fin de que los valores máximos permisibles en el aire para plomo, dióxido de azufre, cadmio, arsénico, material particulado y mercurio no sobrepasen los máximos necesarios para la protección del medio ambiente y salud de las personas.