29 feb (Reuters) - Un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó el jueves una investigación internacional contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a la vicepresidenta, Rosario Murillo, y a otros funcionarios de alto nivel del país, por posibles crímenes de lesa humanidad.
La petición es parte de un informe del grupo de la ONU, creado para investigar violaciones de derechos humanos en la nación centroamericana desde la crisis política en que se vio sumida en 2018 hasta la actualidad.
"El presidente Ortega, la vicepresidenta Murillo y los funcionarios de alto nivel identificados en la investigación deben rendir cuentas ante la comunidad internacional", afirmó el penalista alemán Jan-Michael Simon, que lideró a los expertos, en una rueda de prensa en Ginebra para presentar el informe.
Además, el grupo estableció que Ortega y Murillo "dan órdenes e instrucciones –directamente o a través de asesores de confianza– a las diferentes instituciones que tienen que llevar a cabo actos represivos contra personas opositoras o percibidas como tales y sus familiares", según el documento.
El gobierno de Nicaragua no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters. En el pasado, la administración de Ortega ha desconocido otros informes de la ONU y la Organización de Estados Unidos (OEA), calificándolos de campaña internacional en su contra.
En 2018, una grave ola de protestas fueron reprimidas por las fuerzas del orden, dejando un saldo de 361 fallecidos, según organismos de derechos humanos. En años posteriores, autoridades han apresado a líderes de la oposición, candidatos electorales y religiosos, y confiscado universidades y organizaciones civiles.
El documento también detalla que de acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), entre 2018 y junio de 2023, 874,641 nicaragüenses solicitaron asilo en el extranjero y 60.424 obtuvieron el estatus de refugiado, tras abandonar el país.
El informe habla de "persecución por motivos políticos", recuerda la expulsión a Estados Unidos en 2022 de 222 personas a las que la justicia declaró "traidores a la patria" y denuncia la privación arbitraria de la nacionalidad de al menos 317 ciudadanos opositores al Gobierno o percibidos como tales.
(Reporte de Ismael Ortega en San José; Editado por Raúl Cortés Fernández)