Bruselas, 14 may (.).- Los países de la Unión Europea llegaron este lunes a un acuerdo para acelerar la devolución de los impuestos que recauda el fisco sobre los dividendos cuando hay doble imposición y atajar los abusos que permiten usar esta práctica para eludir tributos, como ocurrió en los escándalos Cum-Ex y Cum-Cum.
El acuerdo alcanzado por los ministros de Economía y Finanzas de los Veintisiete prevé poner en marcha una directiva, bautizada como FASTER, que armonizará las normas para reclamar y tramitar estas devoluciones en casos transfronterizos de modo que, no solo sean más rápidas, sino que también se presten menos al fraude.
"Esto tendrá un efecto positivo para inversores, intermediarios financieros y administraciones tributarias nacionales", dijo el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, en una rueda de prensa tras el encuentro.
Muchos Estados de la Unión Europea hacen retenciones a cuenta a los residentes extranjeros sobre los dividendos por acciones o intereses por bonos soberanos que obtienen, pero estos luego tienen que volver a pagar impuestos por esos ingresos en su propio país.
Para evitar esta doble imposición, muchos países han firmado acuerdos que permiten al inversor extranjero obtener el reembolso total o parcial de lo que pagaron por la retención a cuenta, pero para ello tienen que presentar una reclamación a través de procesos "largos y costosos", que además desincentivan la inversión internacional, según destacó Dombrovskis.
Además, el sistema se presta a abusos, como demostraron los escándalos , en el que los inversores vendían acciones poco antes del pago de dividendos pero las entregaban al comprador después del mismo, permitiendo a ambos beneficiarse de la devolución fiscal; o el conocido como , en el que un inversor extranjero pasa las acciones a un residente para que este pueda obtener un crédito fiscal cuyos beneficios luego comparten.
Para evitarlo, los países han acordado crear un certificado digital de residencia fiscal común en la UE que permita gestionar la devolución en todos los países donde opere un inversor para facilitar la vida tanto a contribuyentes como agencias tributarias, que hoy lidian con más de 450 formularios diferentes.
Asimismo, la futura directiva - que empezaría a aplicarse a partir de 2030 - introducirá dos tipos de procedimientos estándar para una devolución más rápida.
El primero consistiría en aplicar el alivio fiscal directamente en la fuente, de modo que a la hora de cobrar el impuesto sobre el dividendo ya se aplique el tipo pactado en el acuerdo de doble tributación; mientras que el segundo mantendría el procedimiento de devolución actual, pero garantizando que esta se produce en un plazo más corto.
Todos los países que den un alivio fiscal a las retenciones por dividendos tendrán que aplicar uno de estos procedimientos acelerados, salvo cuando su ratio de capitalización de mercado no llegue al 1,5 %.
Esta excepción está diseñada para tener en cuenta el diferente tamaño de los mercados financieros de los Veintisiete y dejará de aplicarse cuando se supere este umbral durante cuatro años consecutivos.
Por otro lado, con el fin de detectar casos de fraude o abuso, la directiva prevé la creación de registros para los grandes intermediarios financieros, como bancos o plataformas de inversión, que estarán además obligados a remitir ciertos datos al fisco y a efectuar controles cuando soliciten una devolución en nombre de sus clientes.
La secretaria del Tesoro española, Paula Conthe, consideró durante el debate de la propuesta en el Consejo que el texto pactado logra "un adecuado equilibrio" entre los diferentes intereses de los socios comunitarios y confió en que tendrá un "impacto muy positivo" para la unión de mercados de capitales en la UE.
Tras el acuerdo político alcanzado hoy, el Consejo volverá a consultar el texto con el Parlamento Europeo -aunque este no tiene poder para enmendarlo porque la política tributaria es competencia exclusiva de los Estados- y lo tendrá que adoptar formalmente para que pueda entrar en vigor.
Los países tendrán hasta final de 2028 para introducirla en su legislación nacional, aunque no se aplicará hasta 2030.
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