Los efectos de la crisis están provocando una caída en sus ingresos brutos a través de tres grandes cargas fiscales: el IRPF, las cotizaciones a la seguridad social tanto de la empresa como de los empleados, y los impuestos indirectos de entre los que destaca el IVA. Fundamental es la contención del gasto público y la reducción de impuestos.
La crisis “presuntamente dirigida” del coronavirus, ha supuesto una distorsión en el mercado laboral de enorme calado. La OCDE ha advertido esta semana de que nos hallamos ante una escalada sin precedentes en las cifras de desempleo en el mes de abril, algo que afectará a nuestro país tras tras el incremento de la tasa de paro en marzo, cuando ascendió al 14,5%. La pandemia y las medidas adoptadas para combatirla están probando un gran impacto en el mercado laboral y es por ello por lo que vuelve a ponerse sobre la mesa la carga fiscal que soportan los trabajadores.
Tal y como ha avisado el Banco de España, la contracción económica que experimentará la economía española, podría dejar a una quinta parte de la fuerza laboral disponible en el país en situación de desempleo. Los pronósticos reflejan una tasa de paro que podría situarse en el 22%; y es que, si contamos los 3,4 millones de afectados por un ERTE, la tasa de paro, en estos momentos, estaría en niveles superiores al 30%. En este sentido, teniendo en cuenta que la tasa de paro media de la serie histórica se sitúa en el 17%, una elevada carga de parados para un país que, con un desempleo estructural de partida ya muy elevado, podría seguir consolidando su puesto como uno de los países con más parados de la Unión Europea; máxime si nos referimos a paro juvenil, donde, superando a Grecia, sí nos posicionamos a la cabeza del ranking.
Al margen, para aquellos que sí conservan su puesto de trabajo, los efectos de la crisis están provocando una caída en sus ingresos brutos a través de tres grandes cargas fiscales: el IRPF, las cotizaciones a la seguridad social tanto de la empresa como de los empleados, y los impuestos indirectos de entre los que destaca el IVA. Pues bien, tal y como señala el estudio publicado por la Tax Foundation A Comparison of the Tax Burden on Labor in the OECD, elaborado por la economista Cristina Enache, la carga fiscal media del asalariado medio en la OCDE fue de 36,1% en 2019. Esto es, ha disminuido 1,4% en dos décadas.
En cuanto a la carga fiscal de los diferentes países, se observan diferencias muy notables. Los países donde el trabajo sufre un mayor impacto fiscal son Bélgica y Alemania, con una carga de 52,2% y 49,4%, respectivamente, seguidas de Italia y Austria con 48%. En la parte baja de la clasificación se encuentra Chile, con una carga fiscal de 7,0%, y a cierta distancia de ésta le sigue Nueva Zelanda, con 18,8%. En cuanto a España, esta se encuentra por encima de la media de la OCDE, con una cuña fiscal de 39.5% sobre el salario, ocupando así el decimoquinto puesto.
En general, una mayor carga fiscal conduce a menor empleo y salarios más bajos. Justo lo contrario de lo que necesita España con cada vez mayor urgencia. Y es que, como refleja la Ley de Okun, donde el estudio de su evolución a lo largo del tiempo y su comparación entre países nos ofrece un análisis interesante y que nos permite obtener conclusiones sobre el funcionamiento de los mercados de trabajo, muestra un comportamiento peculiar en la economía española.
Creación de empleo
Un comportamiento en el que se muestra una mayor sensibilidad del empleo a las variaciones en el crecimiento económico. Es decir, cuando el país sobrepasa el umbral del 0,3%, la economía española comienza a crear empleo a un mayor ritmo, aunque explicado por su elevada tasa de desempleo estructural; mientras que, por otro lado, cuando España supera su umbral, el cual se encuentra en terreno negativo (-0,41%), y con una elevada tasa de temporalidad en la contratación, comienza a destruir empleo de forma más intensa que otras economías europeas.
En este sentido, y concluyendo, teniendo en cuenta la contracción que pronostica el Banco de España, la contracción del PIB español podría situarse en una horquilla de entre el 6% y el 18%. Esta contracción se ha situado entre el 9% y el 11%. Así, atendiendo a lo mencionado anteriormente, dicha contracción, en línea con lo que recoge la Ley de Okun, podría llevarnos a un escenario de destrucción de empleo masivo, por lo que incentivar la contratación y ofrecer facilidades a las empresas para que estas se vean motivadas a ello es una necesidad inminente para recuperar, en primer lugar, el empleo, así como, en última instancia, la economía.
Según la teoría de Arthur Laffer, conocida como «la curva de Laffer», a partir de un nivel dado de tasa impositiva, todo aumento adicional de impuestos no recauda más, sino menos, porque drena recursos a la iniciativa privada, deprime más la economía, hace caer la actividad y reduce las bases imponibles de los impuestos. Y lo mismo se puede decir en sentido inverso. Se trata, por tanto, de buscar el punto de equilibrio en el que los impuestos no perjudiquen a la economía.
IRPF
Aplicar tipos marginales superiores al 50%, con la excusa de la crisis, es considerado en algunos países como confiscatorio. A medida que se mejoran las cuentas públicas, se pueden bajar los tipos, hasta situar hoy el tipo máximo en el 45%, pero todavía hay margen para mejorar el tratamiento fiscal de las rentas del trabajo y las familias con hijos. Se debería, además, fomentar el ahorro para la jubilación reduciendo la fiscalidad en el rescate de los planes y fondos de pensiones.
Impuesto del patrimonio
España es el único país de la Unión Europea que mantiene en la actualidad el Impuesto sobre el Patrimonio, un tributo que muchos economistas definen como «injusto, técnicamente mal definido, que recauda poco y que grava dos veces la misma renta». La única razón de la existencia todavía de este impuesto en el panorama fiscal español «es la necesidad de recaudación de las comunidades autónomas, que necesitan dinero». Algunas comunidades como Madrid lo bonifican al 100%. Se debería suprimir en todo el territorio nacional, como de hecho ya se hizo en 2008, aunque se recuperó después con la llegada de la crisis.
Impuesto de sucesiones
Es uno de los tributos más controvertidos y contestados. Se impone una doble tributación, ya que se paga por bienes por los que tus padres ya tributaron. Además, hay enormes diferencias entre unas comunidades y otras, con lo que se producen grandes agravios en la tributación de las herencias dependendiendo de donde se produce el fallecimiento.
Es esencial eliminar Patrimonio y Sucesiones, dos tributos que gravan bienes y derechos que ya han tributado, y reducir la carga fiscal al trabajo, la familia y las pymes, los impuestos bajos desincentivan el fraude fiscal. Y todo ello puede ayudar a recaudar más. No se trata de que unos pocos paguen mucho con tipos muy altos, realizando un gran esfuerzo fiscal, sino de aumentar las bases imponibles para que todos podamos pagar menos.
IVA e impuestos al consumo
La tendencia en Europa y en las economías modernas pasa por reducir los impuestos directos, como IRPF, cotizaciones sociales o Impuesto sobre Sociedades, y aumentar aquellos que están ligados al consumo. Y estando de acuerdo con que bajar los impuestos que pagan directamente empresarios y ciudadanos en función de sus rentas aumenta la competitividad de un país, el margen para seguir aumentando los impuestos indirectos en España es ya muy reducido, y en caso del IVA incluso se podría apostar por su reducción. El problema en el caso del IVA es el fraude. La pregunta ¿con IVA o sin IVA? que sigue siendo habitual en la prestación de determinados servicios es inadmisible y para evitar estas conductas debería ser eje prioritario de la política fiscal.
Impuesto sobre sociedades
Acercar el tipo general del Impuesto que grava los beneficios empresariales, al tipo efectivo, el que realmente se paga, debería ser objetivo prioritario. Y ello se consigue suprimiendo deducciones que las pequeñas empresas difícilmente pueden aplicarse, y reduciendo los tipos generales.
Además, tal y como está diseñado el Impuesto de Sociedades en España, se dificulta que las pequeñas empresas ganen tamaño. Se deberían elevar los límites de facturación y de empleados a partir de los cuales se suben los tipos impositivos a las pymes y se aumentan las exigencias burocráticas.
Otra asignatura pendiente, no solo en España sino en el conjunto de la Unión Europea, es conseguir que las grandes multinacionales tecnológicas tributen en los países en los que obtienen sus ingresos y no hagan una competencia desleal al resto de empresas.
Cotizaciones sociales
Elevar las cotizaciones que trabajadores y empresarios pagan a la Seguridad Social, solo puede perjudicar el empleo. Y un país que todavía tiene más de tres millones de parados no se lo puede permitir.