En abril 2014, Uruguay aprobó una nueva ley la cual limitará, a partir del 1º de mayo de 2015, los pagos por compra de inmuebles y automóviles mayores para que se realicen exclusivamente a través de instrumentos bancarios (cheques, transferencias, etc). Es esperable que esta medida impacte sobre la bancarización de Uruguay dado que las transacciones deberán realizarse a través del sistema bancario. Pero… veamos en primer lugar qué entendemos por este término:
Se entiende por bancarización el nivel de acceso y el grado de uso de servicios financieros y bancarios. Al definir este concepto, se debe distinguir entre “acceso” y “uso”, dado que por más que los individuos tengan una amplia variedad de servicios financieros disponibles, podrían no utilizarlos por desconocimiento u otras razones. De esta manera, se entiende “acceso” como la disponibilidad de servicios bancarios de calidad y a un costo razonable; y “uso” como el nivel real de consumo de estos servicios bancarios. Otra forma de ver esto, es considerando al “acceso” como la oferta, y al “uso” como la demanda real de servicios bancarios.
En esta ocasión, utilizaré como indicador de bancarización depósitos del sistema financiero (en bajas de ahorro, cuenta corriente y a plazo) sobre producto bruto interno. En este caso, este índice podría considerarse una medida de “acceso” y “uso” simultáneamente.
Independientemente del impacto que tendrá esta medida, en la actualidad el sistema bancario de Uruguay ya se encuentra muy desarrollado. Esto lo demuestra el alto índice de bancarización ( como se puede ver en el siguiente gráfico) el cuál se ha ido incrementando en los últimos años: a marzo 2005 los depósitos representaban un 28% del PBI, mientras a marzo 2014 representan un 49% del PBI.
Elaboración propia con datos rescatados de: www.bcu.gub.uy
El índice resulta sobresaliente si comparamos a Uruguay con otros países de la región y Estados Unidos. El promedio de la región (excluyendo EEUU), es de aproximadamente 47%, mientras que el índice de Uruguay está por encima.
Elaboración propia con datos extraídos de los páginas web de los respectivos Banco Centrales.
El principal objetivo de esta medida es la de transparentar las operaciones financieras en el país para mejorar el perfil inversor y atraer capitales extranjeros además de desalentar el lavado de dinero. De esta manera, la medida implica una señal de compromiso para con el desarrollo económico del país. En junio 2014 la calificadora Standard & Poor’s mantuvo un “BBB-” con perspectiva estable basada en la expectativa en una continuidad, y sostenibilidad en la política macroeconómica. No obstante, la calificación remarca como debilidad una limitada flexibilidad fiscal y monetaria dado el alto grado de dolarización de la economía.