Quito, 4 abr (EFE).- La empresa pública ecuatoriana de petróleo Petroamazonas EP firmó hoy contratos con empresas locales y extranjeras para una inversión de unos 1.000 millones de dólares, a fin de incrementar la producción de nueve de sus campos petroleros.
La empresa detalló en un comunicado que firmó contratos con el consorcio "Pañaturi", integrado por las empresas Sinopec (NYSE:SHI) International, de China, y Sinopec Service Ecuador, para los campos Indillana, Yanaquincha y Limoncocha.
Asimismo, con el consorcio "Kamana", compuesto por la francesa Schlumberger y la argentina Tecpetrol para los campos Edén Yuturi y Pañacocha.
La empresa también firmó con el consorcio "Igapó", de la estadounidense Halliburton (NYSE:HAL), para los campos Lago Agrio, Palo Azul, Pucuna y Víctor Hugo Ruales.
La suscripción de los acuerdos se realizó en presencia del vicepresidente del país, Jorge Glas, y de los ministros coordinador de Sectores Estratégicos, Rafael Poveda; de Hidrocarburos, Carlos Pareja; y del gerente general de Petroamazonas EP, José Icaza.
"Las inversiones comprometidas por los tres consorcios suman aproximadamente USD 1.000 millones, para recuperar 84.6 millones de barriles en reservas incrementales, aquellas que requieren mayores tecnologías para su extracción", detalló el comunicado.
Según lo suscrito, añadió, las tarifas de pago a las contratistas "se calcularán en relación al marcador internacional de crudo WTI, un modelo que permite modificarlas acorde el precio internacional del petróleo".
Petroamazonas apuntó que las compañías internacionales asumen el riesgo de las inversiones realizadas y el Estado ecuatoriano, a través de Petroamazonas EP, "solo pagará por producción incremental ejecutada".
"Además, la empresa pública sigue siendo la operadora de estos activos", señaló al indicar que las empresas contratistas aplicarán técnicas "de optimización y recuperación mejorada".
El incremento de la producción esperada en los campos maduros alcanzará los 30.000 barriles adicionales por día en 2018, indicó.
Los contratos suscritos logran poner en marcha "proyectos que son realmente necesarios para extender la vida de los campos maduros con cuyos recursos cuenta nuestro país. Hemos conseguido condiciones beneficiosas", y se aseguró "la protección al Estado financieramente durante períodos de bajos precios del crudo", dijo Icaza.
Se consideran campos maduros a los que han producido durante un tiempo considerable y que se encuentran en una fase de declinación de su producción y a los que es necesario implementar técnicas de recuperación mejorada para incrementar el factor de recobro del reservorio.