Roma, 28 oct (.).- La Autoridad La Comisión de Mercados y Competencia de Italia (AGCM) ha impuesto hoy medidas cautelares a la española Iberdrola (BME:IBE) y a las también proveedoras de energía Iren, E.ON (ETR:EONGn) y Dolomiti por modificar el precio del suministro de energía eléctrica y gas natural, a pesar de estar suspendido por ley hasta el 30 de abril de 2023.
La decisión de la AG. supone que las cuatro empresas ahora "tendrán que suspender las comunicaciones ilegales para cambiar las condiciones económicas de la oferta", después de que el organismo anunciara el pasado día 19 la apertura de investigaciones sobre las energéticas.
La autoridad italiana también reveló entonces que había pedido información sobre las comunicaciones a sus clientes a otras 25 empresas por el mismo motivo.
"La disposición en cuestión suspende, hasta el 30 de abril de 2023, la eficacia de las cláusulas contractuales, que permiten a las empresas vendedoras modificar el precio del suministro, y de los avisos ya enviados a los clientes, salvo que las modificaciones se hayan ultimado antes de la entrada en vigor del propio decreto", explicó hoy la AG. en un comunicado.
En detalle, la ley impide modificar "las cláusulas contractuales que permiten a las empresas comercializadoras (de energía) modificar el precio de suministro, salvo que las modificaciones ya se hayan consumado antes de la entrada en vigor del decreto", indicó.
Tras iniciar las investigaciones, "ninguna de las empresas justificó adecuadamente su conducta, ni se planteó modificarla, por lo que los persistieron los requisitos cautelares".
"En concreto, Iberdrola y E.ON comunicaron a los usuarios la rescisión del contrato de suministro por excesiva onerosidad sobrevenida, condicionando indebidamente a los consumidores a aceptar un nuevo contrato en condiciones económicas mucho peores o a cambiar de suministro", explica la AG..
"Por esta razones, la Autoridad ordenó, en el caso de Iberdrola y E.ON, la obligación de aplicar las condiciones originales de suministro, a favor de los consumidores que hayan suscrito nuevos contratos con empeoramiento de las condiciones, así como permitir a los consumidores que, tras la rescisión, hayan elegido un nuevo suministrador o hayan sido trasladados al régimen de suministro protegido, volver al suministro en las condiciones originales".
Las empresas tendrán ahora un plazo de cinco días para informar a la AG. de las iniciativas adoptadas para cumplir las medidas cautelares, que habían sido solicitadas por el responsable del sector energético de la Unión Nacional de Consumidores, Marco Vignola, "para evitar un enorme perjuicio a los consumidores".
"Sólo podemos estar satisfechos de que la Autoridad Antimonopolio, que había abierto investigaciones contra las empresas Iren, Dolomiti e Iberdola gracias también a nuestro informe, se haya movido con rapidez y urgencia, impidiendo la realización de las prácticas desleales", dijo tras el anuncio del AG..
"Invitamos a los consumidores, por tanto, a impugnar cualquier variación y a denunciar cualquier abuso", concluyó Vignola.